Las barreras jurídicas, físicas, económicas, sociales, de comunicación y de actitud impiden la participación activa de las personas con discapacidad en los asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre sus vidas, a pesar de que todas las sociedades democráticas defienden el principio fundamental de la participación de todos sus ciudadanos. Así lo concluye el informe que lleva por título Cada vez más consultados, pero aún sin participar (Increasingly Consulted, but not yet Participating), dado a conocer por la Alianza Internacional de la Discapacidad, una entidad que agrupa a las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo. El informe recoge los resultados de una encuesta mundial, con más de 570 organizaciones de personas con discapacidad de un total de 165 países, en la que se analizó su opinión sobre la participación de las personas con discapacidad en sus territorios. Se trata de la primera encuesta que recoge este tipo de información y, a partir de estos datos, la Alianza Internacional de la Discapacidad pretenden concienciar a los gobiernos y a la Organización de las Naciones Unidas sobre los próximos pasos a adoptar para avanzar en esta dirección. |
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Si bien se han producido mejoras en los niveles de participación de las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, lo que se ha reflejado en una mayor solicitud de colaboración con la Organización de Naciones Unidas o los gobiernos de sus respectivos países, esta progresión positiva no ha sido igual entre los diferentes grupos que representan a las personas con discapacidad. Así, desafortunadamente, las personas con discapacidad psicológica o mental, con discapacidad intelectual, con sordoceguera, con discapacidad auditiva, las mujeres con discapacidad y las personas procedentes de minorías étnicas con discapacidad se quedan sistemáticamente al margen de los procesos de consulta y toma de decisiones. Esta exclusión agrava aún más su estigmatización y discriminación al no poder defender sus propios derechos. Asimismo, los gobiernos no han avanzado lo suficiente como para considerar la discapacidad un tema transversal, de forma que en los casos en los que se produce esta invitación a participar, el tema se ciñe exclusivamente a asuntos sobre discapacidad y no engloba todos los asuntos públicos. Otras barreras referentes al entorno físico, al acceso a información y comunicación, a la existencia de prejuicios y al desconocimiento, impiden también la plena inclusión de estas personas en los procesos de toma de decisiones. Alternativamente, las organizaciones de personas con discapacidad no cuentan con los recursos económicos o humanos suficientes como para poder contribuir en los procesos de participación, lo que en muchas ocasiones supone una sobrecarga difícil de asumir. Si bien existen pruebas de una creciente participación de las organizaciones de personas con discapacidad, todavía no se han tomado en consideración debidamente dichas contribuciones. Tal y como señala la Alianza Internacional de Discapacidad, las personas con discapacidad pueden contribuir de forma decisiva y su participación puede aportar a cambios significativos, incluidas mejoras en el desarrollo de políticas y legislaciones inclusivas, una mayor accesibilidad, un mejor acceso a los servicios y una mayor concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, la Alianza Internacional de Discapacidad insta a los gobiernos a realizar las siguientes acciones:
Se puede acceder al documento en el siguiente enlace: | ||||
La importancia de promover los Derechos Humanos en Salud Mental
Es clave impulsar el perfil de la Psicología en la atención socio-sanitaria a niños, niñas y adolescentes (ya que se aprecia una carencia evidente), así como proporcionarles una intervención temprana a través de programas psicológicos y sociales basados en la evidencia y otras intervenciones no farmacológicas fundamentadas en la comunidad, evitando la institucionalización y medicalización (…)