Las barreras jurídicas, físicas, económicas, sociales, de comunicación y de actitud impiden la participación activa de las personas con discapacidad en los asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre sus vidas, a pesar de que todas las sociedades democráticas defienden el principio fundamental de la participación de todos sus ciudadanos. Así lo concluye el informe que lleva por título “Cada vez más consultados, pero aún sin participar” (Increasingly Consulted, but not yet Participating), dado a conocer por la Alianza Internacional de la Discapacidad, una entidad que agrupa a las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo.

El informe recoge los resultados de una encuesta mundial, con más de 570 organizaciones de personas con discapacidad de un total de 165 países, en la que se analizó su opinión sobre la participación de las personas con discapacidad en sus territorios. Se trata de la primera encuesta que recoge este tipo de información y, a partir de estos datos, la Alianza Internacional de la Discapacidad pretenden concienciar a los gobiernos y a la Organización de las Naciones Unidas sobre los próximos pasos a adoptar para avanzar en esta dirección.

Si bien se han producido mejoras en los niveles de participación de las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, lo que se ha reflejado en una mayor solicitud de colaboración con la Organización de Naciones Unidas o los gobiernos de sus respectivos países, esta progresión positiva no ha sido igual entre los diferentes grupos que representan a las personas con discapacidad. Así, desafortunadamente, las personas con discapacidad psicológica o mental, con discapacidad intelectual, con sordoceguera, con discapacidad auditiva, las mujeres con discapacidad y las personas procedentes de minorías étnicas con discapacidad se quedan sistemáticamente al margen de los procesos de consulta y toma de decisiones. Esta exclusión agrava aún más su estigmatización y discriminación al no poder defender sus propios derechos.

Asimismo, los gobiernos no han avanzado lo suficiente como para considerar la discapacidad un tema transversal, de forma que en los casos en los que se produce esta invitación a participar, el tema se ciñe exclusivamente a asuntos sobre discapacidad y no engloba todos los asuntos públicos.

Otras barreras referentes al entorno físico, al acceso a información y comunicación, a la existencia de prejuicios y al desconocimiento, impiden también la plena inclusión de estas personas en los procesos de toma de decisiones. Alternativamente, las organizaciones de personas con discapacidad no cuentan con los recursos económicos o humanos suficientes como para poder contribuir en los procesos de participación, lo que en muchas ocasiones supone una sobrecarga difícil de asumir.

Si bien existen pruebas de una creciente participación de las organizaciones de personas con discapacidad, todavía no se han tomado en consideración debidamente dichas contribuciones. Tal y como señala la Alianza Internacional de Discapacidad, “las personas con discapacidad pueden contribuir de forma decisiva y su participación puede aportar a cambios significativos, incluidas mejoras en el desarrollo de políticas y legislaciones inclusivas, una mayor accesibilidad, un mejor acceso a los servicios y una mayor concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

En este sentido, la Alianza Internacional de Discapacidad insta a los gobiernos a realizar las siguientes acciones:

• Derogar todas las leyes que impiden a las personas con discapacidad ser reconocidas como ciudadanos con iguales derechos y ser consultadas estrechamente y estar implicadas activamente. Ello incluye, en particular, la derogación de leyes que deniegan la capacidad jurídica de las personas con todos los tipos de discapacidades – incluidas discapacidades intelectuales y psicosociales.
• Crear un marco normativo y entorno político que permitan el funcionamiento de las organizaciones de personas con discapacidad como organizaciones de la sociedad civil que representan la diversidad de las personas con discapacidad, apoyando su autonomía y capacidad de funcionar a largo plazo.
• Garantizar que las organizaciones de personas con discapacidad tengan acceso a mecanismos de financiación, en particular mediante financiación pública y cooperación internacional. facilitar su acceso garantizando que los procesos de aplicación y requisitos sean accesibles y proporcionales a las realidades de las organizaciones de personas con discapacidad, según sus distintos tamaños y capacidades.
• Asegurarse de que las organizaciones de personas con discapacidad puedan acceder al apoyo técnico, a la construcción de la capacidad y a las oportunidades para desarrollar sus aptitudes como interlocutores fiables en la toma de decisiones.
• Adoptar un marco político que reconozca el derecho a la participación e implicación de organizaciones de personas con discapacidad con procedimientos claros para consultas en todos los niveles de la toma de decisiones (desde el local al nacional), todas las etapas (desde la planificación hasta la evaluación) y sobre todas las cuestiones relevantes para las personas con discapacidad; incluidos asuntos de cooperación internacional y situaciones de Riesco y emergencias humanitarias.
• Garantizar y respetar el papel único de las organizaciones de personas con discapacidad: proporcionar información con antelación, en formatos accesibles, y facilitar calendarios realistas, de manera que las organizaciones de personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para su preparación, consulta y contribución. Tener en cuenta las aportaciones de las organizaciones de personas con discapacidad como las más idóneas para proponer o confirmar la relevancia de las políticas y los programas propuestos para las personas con discapacidad.
• Asegurar la accesibilidad a todas las consultas y la realización de ajustes razonables para los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad que participan en las consultas, incluidas instalaciones o tecnologías para la teleconferencia de fácil acceso, información y comunicación accesibles, incluidos los subtítulos, los lenguajes de señas nacionales y formatos comprensibles, procedimientos abiertos y transparentes.
• Garantizar y apoyar la participación de la diversidad de las personas con discapacidad a través de las organizaciones de personas con discapacidad, en particular mujeres con discapacidad, niños con discapacidad (incluida la asistencia apropiada para su edad), personas de minorías con discapacidad, personas con sordoceguera, personas con discapacidades intelectuales y personas con discapacidades psicosociales, y otros grupos subrepresentados en sus contextos.
• Contratar personas con discapacidad y proporcionar capacitación a funcionarios públicos sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre cómo colaborar con las personas con discapacidad de forma que respeten y tomen debidamente en consideración sus procedimientos preferidos de compromiso, sus opiniones y sus conocimientos únicos como personas con una experiencia vital de la discapacidad. Movilizar a las organizaciones de personas con discapacidad como instructores.
• Desarrollar y aplicar mecanismos para supervisar el cumplimiento de la CDPD por los Estados, otorgando a las organizaciones de personas con discapacidad dicha función de vigilancia.

Se puede acceder al documento en el siguiente enlace:

Increasingly Consulted, but not yet Participating