Andalucía contempla incorporar una red integral pública y de carácter universal y gratuito para la atención temprana de los niños y niñas hasta los 6 años. Así lo recoge el anteproyecto de Ley de la Atención Temprana en Andalucía presentado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ante el Consejo de Gobierno el pasado 2 de marzo.

La atención temprana está dirigida a prevenir el impacto de los daños neurológicos en el desarrollo de los menores, de forma que se consiga la máxima autonomía personal y la mejor calidad de vida posible para los niños y niñas con trastornos del desarrollo o con elevado riesgo de padecerlos.

La norma recoge las condiciones básicas para la prestación de una atención temprana de calidad, así como la creación de una red integral de atención pública para estos niños y niñas en todo el territorio andaluz, con una funciones y competencias delimitadas y a través de un abordaje intersectorial, mediante la coordinación de los servicios del ámbito sanitario, social y educativo.

Los familiares y cuidadores cobran un protagonismo especial en dicho texto, en el que se reconoce su importancia para el desarrollo óptimo del menor y la necesidad de su formación y apoyo en el establecimiento de los cuidados. Asimismo, el texto contempla el impulso de la investigación y la formación especializada en atención temprana de los profesionales sanitarios.

Tal y como informa la Junta de Andalucía, la norma también incorpora la creación de unidades de seguimiento y neurodesarrollo que “actuarán como dispositivos específicos para el seguimiento, el diagnóstico etiológico, sindrómico y funcional, la orientación y la valoración de las necesidades prenatales y perinatales o signos de alerta significativos en etapas postnatales”.

De esta manera, el texto se ha elaborado con el objetivo de garantizar el derecho a la atención temprana de estos menores con el fin de asegurar el derecho universal a la atención, sin discriminación y la igualdad de oportunidades.

El anteproyecto será estudiado por el Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Consejería de Educación e irá al trámite de audiencia e informes y al Consejo Consultivo antes de aprobación final por parte del Consejo de Gobierno como proyecto de Ley y su remisión al Parlamento.

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