El cuidado de la salud mental de las personas que se encuentran institucionalizadas debe formar parte de los planes de respuesta frente a la pandemia. Así lo recoge un nuevo informe de la OMS, titulado Instituciones de atención de salud mental de larga estancia y la crisis del COVID-19 (Long-stay mental health care institutions and the COVID-19 crisis), en el que se presentan los resultados de una encuesta realizada a través del Programa de Salud Mental de la Oficina Regional de la OMS para Europa, para evaluar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios, el personal, los usuarios y residentes con discapacidad psicosocial e intelectual de dichos servicios.

En el estudio, en el que han participado un total de 169 instituciones de salud mental de larga estancia de toda Europa, se aborda la preparación de estos centros frente a la crisis, la calidad de la comunicación dentro de las instituciones y con los usuarios de los servicios y sus familiares, la disponibilidad de equipos de protección personal, los desafíos para la prestación de una atención de calidad y el impacto psicólogo del riesgo infecciones y de las medidas de protección para el personal y los residentes.

Los resultados de la encuesta se presentan en cuatro secciones temáticas, articuladas dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad: comunicación, prevención y control, prestación de la atención e impacto psicológico en residentes y personal asistencial.

Según se recoge en el texto, aunque la valoración de las instituciones sobre el apoyo recibido de los gobiernos ha sido favorable, todas señalan dificultades notables a la hora de poder proporcionar atención y un apoyo individualizado y centrado en la persona en entornos institucionales a gran escala. Asimismo, denuncian que las personas con discapacidades intelectuales son particularmente vulnerables a las desigualdades en la atención y el acceso al tratamiento dentro de la actual situación de crisis sanitaria.

Así, las situaciones de discriminación hacia grupos especialmente desprotegidos, la aplicación de normativas discriminatorias y las prácticas de exclusión y coerción, son desafíos que siguen presentes y que, según el informe de la OMS, no pueden ser ignorados. Por tanto, los autores del estudio establecen las siguientes recomendaciones:

– Tener directrices claras y protocolos puestos a prueba, desde una perspectiva de atención multisectorial.

– Garantizar la claridad de la comunicación por parte de las autoridades, la administración y el personal asistencial de los centros, especialmente con los usuarios de los servicios, los residentes y sus familias.

– Aplicar un plan de control y prevención de infecciones, comprehensivo, que incluya la capacitación en el uso de equipos de protección.

– Establecer procedimientos y protocolos claros para garantizar entornos seguros y aliviar los posibles problemas que se puedan derivar de las medidas de contención aplicadas y sus consecuencias (especialmente las restricciones de comportamiento y el aislamiento, la comunicación con la familia, el estrés y el agotamiento).

– Disponer de la posibilidad de aumentar la capacidad del personal según la necesidad del centro.

– Enfocarse en una intervención centrada en la persona y basada en los derechos humanos en todas las decisiones.

Tal y como advierte la OMS en el informe, resulta crucial que las residencias de larga estancia para personas con salud mental comiencen a trabajar en estos planes y protocolos, dada la posibilidad de que se repitan nuevas oleadas de infección.

Se puede acceder al documento en el siguiente enlace:

Long-stay mental health care institutions and the COVID-19 crisis