Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2024, celebrado el pasado 10 de octubre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado a través del cual suscribe el lema de este año (‘es hora de priorizar la salud mental en el trabajo’) e incide en que la salud mental es una asignatura pendiente en nuestro SNS, poniendo de relieve la necesidad de destinar recursos al cuidado de la salud mental, especialmente, desde los servicios de atención primaria.

Tal y como señala la OCU, todas las personas, a lo largo de su vida, pasan por momentos de malestar psicológico y emocional, en los que su bienestar y su salud mental pueden resentirse. Los problemas más frecuentes son los de ansiedad, depresión o de somatización (síntomas físicos que son la expresión de un malestar emocional).

De acuerdo con la Organización, muchos de estos problemas suelen ser tratados con medicación (pastillas), “aunque lo recomendado en las guías de práctica clínica para casos leves o moderados es terapia psicológica o, a lo sumo, una combinación con medicación”. 

Según indica, los problemas de salud mental tienen consecuencias en todos los ámbitos de la vida:

• Influyen sobre el bienestar general de la persona, así como sobre su salud física; afecta a su autonomía diaria, su pleno desarrollo personal, afectivo o social.

• Aumenta la probabilidad de desarrollar algunas enfermedades, agravándolas e incluso reduciendo su esperanza de vida: “se calcula que las personas con algún tipo de trastorno mental pueden fallecer hasta 20 años antes que el resto de la población”.

• Incrementan el gasto sociosanitario (visitas al médico, consumo de psicofármacos, bajas laborales, etc.), y tienen un elevado coste laboral (aumenta el absentismo, el presentismo, disminuye la productividad…). 

La OCU pone de manifiesto la trascendencia de la disponibilidad y el acceso a los servicios de atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud, para “poder contar con una buena salud mental”, demostrando ser “una solución eficaz y eficiente”. Sin embargo, advierte de las importantes carencias que aún existen en esta área, tales como las largas listas de espera en los servicios de atención a la salud mental y la falta de profesionales de la salud en dichos servicios. 

A este respecto, considera necesario incrementar el número de psicólogos/as clínicos/as y psiquiatras en los servicios de atención especializada, así como incorporar la figura del psicólogo/a clínico/a en los equipos de atención primaria. De igual modo, destaca la trascendencia de realizar un seguimiento preciso de las listas de espera en los servicios especializados de psiquiatría y psicología clínica. 

Subrayando que la atención a la salud mental es prioritaria, la Organización ha publicado un documento de posicionamiento, a través del cual recoge una serie de peticiones y propuestas en pro de la salud mental en nuestro país.

En su texto, lamenta que la atención a la salud mental “no ha sido un pilar tradicional en la atención a la salud en España, quedando relegada habitualmente a un segundo plano, cuando no directamente atendida desde un prisma exclusivamente biomédico”.

Las carencias del Sistema Nacional de Salud (SNS) suelen suplirse mediante tratamientos privados que muchas personas no pueden afrontar, por lo que, “con mayor frecuencia de la que debería, las patologías de salud mental se quedan sin el correspondiente tratamiento”.

La falta de profesionales de salud mental, las largas listas de espera y la sobremedicación: tres grandes barreras que dificultan el acceso a una atención a la salud mental de calidad

La OCU alerta aquí de las consecuencias económicas también para el conjunto de la sociedad, derivadas en su mayoría, del uso y consumo de servicios y tratamientos sociosanitarios; del aumento de la carga de discapacidad y la pérdida de años de vida atribuibles, entre otros, a factores de riesgo conductuales (consumo de sustancias, sedentarismo, mala alimentación etc.); la incapacidad laboral temporal o permanente consecuentes a un problema de salud mental, etc. Todo ello, “sin olvidar el malestar inherente a los problemas psicoemocionales, y el impacto que estos pueden tener también sobre las relaciones sociales, familiares y laborales de los afectados, ramificando así su posible impacto sobre terceras personas”.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), estima estos costes en el 4,2% de PIB español. De hecho, tan sólo en los trastornos depresivos, el coste supera los 6.000 millones de euros, y las bajas laborales y discapacidad derivadas de estas problemáticas suponen el 60,5%, como indica el Observatorio Europeo de los Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria de la OMS.

Como bien indica la OCU en su comunicado por la salud mental, la atención en este ámbito dentro del sistema público de salud español, “se ve lastrada por un claro problema de disponibilidad y, por lo tanto, de acceso a estos servicios”, siendo los recursos humanos, las listas de espera y la sobremedicación, los tres grandes obstáculos que “los consumidores tienen que sortear para recibir una atención de calidad en salud mental”.

Entre las medidas para una atención de calidad, la OCU insta a aumentar el número de psicólogos clínicos en el SNS, e incorporar esta figura en atención primaria

Insistiendo en la relevancia de ofrecer una atención de calidad a la salud mental de los usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Salud español, la Organización considera crucial solventar las barreras previamente indicadas (esto es, incrementar el personal laboral en esta área y en los distintos niveles asistenciales, así como monitorizar concreta y periódicamente indicadores de listas de espera).

Para tal fin, considera necesario que se hagan efectivas las medidas incluidas en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, lo que, “en correlación con los problemas detectados”, supondría, entre otros aspectos importantes: aumentar el volumen de profesionales de Psicología Clínica en el SNS, ofrecer las herramientas terapéuticas indicadas según la gravedad del caso e incluir la figura del psicólogo clínico en los servicios de atención primaria de forma generalizada en todas las comunidades autónomas.

En la misma línea, la OCU insta también a aumentar la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada de Psicología Clínica (para las que se han convocado 274 plazas en el año 2025) y que éstas “sean absorbidas periódicamente”, con el objetivo de que España se iguale a la ratio europea en el número de psicólogos clínicos (18 por 100.000 habitantes). Asimismo, el documento destaca la importancia de contabilizar los tiempos de espera para acceder a los servicios especializados de Psicología Clínica.

Es necesaria una mayor concienciación sobre la importancia de la salud mental

Con respecto a la sobremedicación, la OCU recuerda que nuestro país “encabeza los ránquines mundiales del consumo de psicofármacos, especialmente en el caso de las benzodiazepinas (medicamentos ansiolíticos e hipnóticos)”.

Para evitar la medicación excesiva, considera necesario promover la implementación de programas de ‘deprescripción de benzodiacepinas’ (medicamentos ansiolíticos e hipnóticos), tanto desde los servicios de atención primaria como en las oficinas de farmacia comunitaria, exigiendo, a su vez, los tratamientos más adecuados según la evidencia científica disponible.

El documento de posicionamiento finaliza subrayando la necesidad de una mayor concienciación sobre la importancia de la salud mental, recomendando el desarrollo de acciones específicas que permitan a la población tomar mayor conciencia y ser capaz de identificar precozmente los problemas de salud mental (por ej., incluyendo campañas de información a través de centros de salud, colegios, centros cívicos, medios de comunicación y redes sociales, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de consumidores).

Pide también que se fomente el respeto de los derechos y dignidad de las personas con problemas de salud mental y que se promuevan acciones de divulgación sobre intervenciones terapéuticas basadas en la evidencia científica, “desincentivando el uso de intervenciones sin evidencia o pseudoterapias que puedan incluso poner en riesgo la salud de las personas usuarias”.

Fuente: OCU