Ayer martes, 3 de septiembre, el Consejo General de la Psicología (COP), el Consejo General del Trabajo Social y el Consejo General de Colegio de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) mantuvieron una reunión en el Ministerio de Economía y Transformación Digital, con la Subdirectora General de Políticas Sociales y Capital Humano del Ministerio de Economía y Empresas, Dª María Sobrino, en relación con la regulación de las profesiones de la Intervención Social.
En dicho encuentro, Fernando Chacón, vocal adjunto a Presidencia del COP, y Santiago Boira, coordinador de la División de Psicología de Intervención Social de la Organización Colegial, junto con Emiliana Vicente y Sara Bocardo, Presidenta y asesora jurídica, respectivamente, del Consejo General de Trabajo Social, y Lourdes Menacho Vega y Pablo Sánchez Mirete, presidenta y vocal, respectivamente, del CGCEES, trasmitieron a la Subdirectora la necesidad e importancia de regular las profesiones de Educación Social, Psicología y Trabajo Social -disciplinas vinculadas al ámbito de los Servicios Sociales-, abordando los pasos a seguir para impulsar la regulación de los/as profesionales que intervienen en dicho ámbito.
Foto: de izqda. a dcha.: Santiago Boira, Sara Bocardo, Lourdes Menacho, Fernando Chacón, Emiliana Vicente y Pablo Sánchez
Foto: momento de la reunión
Tal y como han venido señalando en los últimos años las tres organizaciones colegiales, todos/as estos/as profesionales cuidan del bienestar de las personas y fomentan su autonomía, en muchos ámbitos y, especialmente, en los Servicios Sociales, por lo que es crucial que estas entidades garanticen que los servicios que prestan se faciliten con las mayores garantías, empezando por los requisitos exigidos para el ejercicio de sus respectivas profesiones.
A lo largo de la reunión, los Consejos Generales expusieron la situación actual de práctico vacío normativo, que genera disfunciones en el propio funcionamiento del sistema, unido a la íntima conexión que el ejercicio de las profesiones de la intervención social tiene con los derechos a la dignidad humana, a la integridad y al libre desarrollo de la personalidad.
Asimismo, pusieron de relieve cómo la ausencia de una delimitación y regulación adecuada de la formación necesaria para los y las profesionales de la Intervención Social, incide en el deterioro de la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios y usuarias de estos servicios (en muchos casos, personas vulnerables y en riesgo de exclusión social), destacando, a su vez, la trascendencia de la regulación profesional de la Intervención Social para solventar esta situación.