Para presentar la situación actual de la Psicología Jurídica en el ámbito de la Administración de Justicia, los serios problemas que la aquejan y que redundan en un importante perjuicio en los servicios que se prestan a la ciudadanía, y plantear posibles vías de solución, el pasado 29 de junio de 2021, Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de la Psicología, comparecía en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Chacón no acudió solo. Lo hizo acompañado de María Escudero, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, y Ramón Arce, catedrático de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Santiago y presidente de la SEPJF.

El grupo expuso, frente a sus señorías, una serie de medidas que considera necesarias para mejorar la situación de la disciplina de la Psicología Forense y de quienes la practican:

• La regulación de la actividad profesional de emisión de informes psicológicos ante los Juzgados, tanto por parte de empleados públicos como de peritos privados, para lo que es necesaria una regulación con rango de Ley, que establezca las funciones, requisitos y forma de acceso a dicha actividad.

• La creación de un cuerpo de funcionarios específico para los psicólogos dependientes del Ministerio de Justicia o la creación de una especialidad de Psicología ante la Administración de Justicia dentro del ya existente Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas.

• Impulsar la funcionarización de los psicólogos adscritos a la Administración de Justicia en las CCAA con competencias transferidas.

La Psicología al servicio de la Administración de Justicia, de los operadores jurídicos, de los magistrados, jueces y fiscales, es la más compleja y una de las que requiere mayor nivel de especialización. Complejidad y necesidad de especialización, expuso a la mesa el vicepresidente del COP, “que se derivan de la enorme responsabilidad que supone la emisión de informes psicológicos que, en ocasiones, son medios de pruebas cruciales en procedimientos de familia, violencia de género, menores o vigilancia penitenciaria, por ejemplo, y de la elevada litigiosidad que comporta que dichos informes, frecuentemente, perjudiquen a una de las partes; característica ésta que no ocurre en ningún otro campo de aplicación de la Psicología, y que provoca que la inmensa mayoría de las denuncias deontológicas que llegan a los Colegios de la Psicología, se refieran a informes psicológicos que se presentan ante los tribunales”.

Los miembros de la Comisión de Justicia se mostraron bastante receptivos a la exposición planteada por el COP. El siguiente paso será trasladar estas mismas medidas al Ministerio de Justicia.