Es clave impulsar el perfil de la Psicología en la atención socio-sanitaria a niños, niñas y adolescentes (ya que se aprecia una carencia evidente), así como proporcionarles una intervención temprana a través de programas psicológicos y sociales basados en la evidencia y otras intervenciones no farmacológicas fundamentadas en la comunidad, evitando la institucionalización y medicalización. Estas son algunas de las recomendaciones recogidas por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en su último informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental correspondiente a 2023, un documento mediante el cual se exponen las vulneraciones que existen en la actualidad en torno a los derechos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicológica y social en diversos ámbitos (sanitario, educativo, laboral, etc.).

Los datos del informe, obtenidos a través del Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación con la colaboración de su Comisión de Defensa, hacen referencia también a los logros, avances y recomendaciones en materia de salud mental, incluyendo ejemplos concretos y buenas prácticas, con alusiones específicas a los artículos incluidos en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Fuente: freepik. Foto: freepik. Fecha: 02/08/24

Tal y como señala la Confederación en su informe, desde la pandemia, la salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la población española, provocando, en muchos casos, la aparición de problemas de salud mental y, en otros, el empeoramiento de los ya existentes. A este respecto, considera “un mandato ético” y “una necesidad acuciante” el alinear con los DDHH las estructuras que condicionan la vida de las personas con problemas de salud mental.

A continuación, recogemos las principales conclusiones del informe en base al articulado de la Convención:

Igualdad y no discriminación

En este apartado, el informe aborda la discriminación por motivos de edad (edadismo), definida por la Organización Mundial de la Salud, como aquella en la que se utiliza la edad “para categorizar y dividir a las personas de forma que se produzcan daños, desventajas e injusticias, erosionando la solidaridad entre generaciones”. Los pensamientos estereotipados y prejuicios en torno a hacerse mayor y las consecuentes conductas discriminatorias dirigidas a las personas por causa de su edad, aumentan aún más, si además la persona presenta un problema de salud mental.

La OMS indica que los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, son los más frecuentes en personas adultas mayores. De hecho, las Estimaciones de Salud Mundial 2019 (GHE, según sus siglas en inglés) muestran que, a escala mundial, cerca de una cuarta parte de las muertes por suicidio (27,2%) se producen en personas de 60 años o más. Destaca también que los problemas de salud mental en las personas mayores suelen estar infravalorados e infratratados, y el estigma que rodea a los problemas de esta índole, puede impedir la búsqueda de ayuda.

De acuerdo con los datos, a edades más avanzadas, “la salud mental viene determinada no solo por el entorno físico y social, sino también por los efectos acumulativos de las experiencias de vida anteriores y los factores estresantes específicos relacionados con el envejecimiento” (a saber, exposición a la adversidad, disminución de la funcionalidad, mayor probabilidad de sufrir eventos adversos como el duelo, reducción de los ingresos, exposición a conductas discriminatorias por motivos de edad (edadismo), aislamiento social y soledad, riesgo de maltrato y abandono, etc.).

Ante esto, es fundamental reconocer y tratar de forma temprana los problemas de salud mental en las personas adultas mayores, “siguiendo las normas de atención integrada para este grupo de edad, que se basan en la comunidad y se centran tanto en los cuidados a largo plazo de estas personas con problemas de salud mental y deterioro de la capacidad intrínseca, como en la educación, la formación y el apoyo a las personas cuidadoras”. La demencia, concretamente, suele ser una importante preocupación: afecta a la salud mental (por ejemplo, desencadenando síntomas de psicosis y depresión) y “requiere acceso a una atención de salud mental de calidad”.

En este sentido, la OMS ha llevado a cabo diversas acciones, entre ellas, el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030, El Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP), o la elaboración de intervenciones psicológicas ampliables para tratar la depresión y la ansiedad, la investigación y la orientación sobre intervenciones encaminadas a reducir el aislamiento social y la soledad, y soluciones costo-eficaces para prevenir el maltrato de las personas adultas mayores.

Salud Mental España menciona su campaña #ConectaConLaVida, lanzada con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, para visibilizar la situación de las personas mayores y prevenir el suicidio en este colectivo, un grave problema que, según el INE, se ha incrementado un 8,8% en el último quinquenio. El suicidio en personas mayores “puede estar relacionado con la depresión, uno de los trastornos mentales más comunes en la vejez, siendo, además, el grupo de edad más propenso a consumir psicofármacos”.

Ante esto, considera trascendental actuar en la prevención, reforzando la atención psicológica especializada, activando programas de prevención, sensibilizando a la población general, y potenciando los recursos de ayuda.

Derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación

Durante el año 2023, el Servicio de Asesoría Jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA ha atendido demandas, efectuadas en su mayoría por mujeres (65% vs un 35% por parte de hombres), siendo en la mayor parte de los casos (51%) por motivos de vulneración de Derechos Humanos. El 65% de las demandas procede de personas con problemas de salud mental.

A través de su campaña #NosotrasSíContamos, pone de relieve la violencia y los abusos que sufren las mujeres con problemas de salud mental. Acciones como convencer a una mujer de que debe abortar por tener un problema de salud mental; ignorar procesos como la menopausia; decidir sobre su cuerpo sin informarla; infantilizarla y maltratarla psicológicamente (por ej., con amenazas de encierro); ingreso involuntario; o contenciones físicas y químicas, son algunas de las experiencias más impactantes y humillantes narradas que evidencian cómo la brecha de género en el ámbito sanitario se incrementa cuando se trata de una mujer con un problema de salud mental.

En la misma línea, el informe recoge una serie de datos preocupantes, tales como: el riesgo que tienen las mujeres con problemas de salud mental de sufrir violencia machista se multiplica por entre 2 y 4 veces; el 80% de las que vive en pareja ha sufrido algún tipo de violencia por parte de dicha pareja, más de la mitad ha sufrido violencia física, y más del 40% ha sido víctima de violencia sexual a lo largo de su vida. Cuando se dan estas violencias, el 42% no las identifica como tal y, a las que sí las reconocen y las denuncian, no se les da credibilidad debido a su problema de salud mental.

Derechos de los niños y las niñas

El informe destaca el incremento paulatino de problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes registrado en los últimos años, vinculados “a importantes cargas psicológicas y sociales, económicas y de salud física tanto para los niños y niñas afectados, como para las personas cuidadoras y sus comunidades de procedencia”.

A pesar de este aumento, alerta del escaso conocimiento y concienciación en torno al sufrimiento, deterioro funcional, exposición al estigma y discriminación, así como el mayor riesgo de muerte prematura, asociados con los trastornos mentales infanto-juveniles, “los cuales tienen una importancia obvia para la salud pública, teniendo además en cuenta que los problemas de salud mental forman parte integral del desarrollo infantil, tanto a nivel socio-familiar como cognitivo”.

Organizaciones como UNICEF y Save the Children advierten de que, incluso antes del COVID-19, la infancia y la juventud ya sufrían problemas de salud mental “sin que se hicieran las inversiones necesarias para solucionarlos”. De hecho, la pandemia no es más que ‘la punta del iceberg’ de la salud mental infanto-juvenil, de modo que, “sin más inversión en salud mental, con servicios accesibles y de calidad, este problema podría extenderse durante mucho tiempo”. Tras la irrupción de la pandemia, los problemas de esta índole en este grupo de edad se han incrementado exponencialmente, disparándose los porcentajes de población infantil atendida en los diferentes recursos sociosanitarios por problemas de esta índole como, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, la falta de control de los impulsos, etc.

La Confederación se muestra tajante al manifestar que, si ya en España “los recursos en materia de salud mental son manifiestamente insuficientes a nivel general, en lo que atañe a la salud mental infantil y juvenil son paupérrimos”.

En este sentido, considera crucial la atención temprana, y, especialmente, la atención perinatal (que abarca desde la gestación hasta, al menos, los tres años de edad). Ésta última, según indica la Alianza Hispanohablante para la Salud Mental Perinatal y de la Familia Conecta Perinatal en su informe “Mejorar el cuidado de la salud mental perinatal. Fundamentos, propuestas y peticiones” (auspiciado por el COP, la Confederación y la Asociación Salud Mental Infantil, ASMI), “evita sufrimientos a bebés, madres, padres y familiares cercanos y previene posibles alteraciones psicológicas futuras que pueden acompañar al bebé en su vida adulta y transmitirse a futuras generaciones”.

Con respecto a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el informe lamenta la existencia de casos en los que estos y estas menores no pueden asistir a clase con sus iguales, ante la falta de ajustes y apoyos “que les permitan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones”. Recuerda aquí que cada persona con discapacidad es única y que sus circunstancias específicas deben considerarse “de manera individualizada a la hora de efectuar la adaptación”.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA considera crucial la implantación en todos los centros educativos de España, de una asignatura de ‘habilidades emocionales’, como herramienta para prevenir el suicidio y otros problemas relativos a la salud mental y que, además de la prevención, enseñe respeto por la diversidad. En este sentido, es esencial “enseñar a los niños y las niñas, desde etapas tempranas, herramientas para favorecer su adaptación al entorno, el afrontamiento de situaciones adversas, mejorar las habilidades para relacionarse con las demás personas, manejar los conflictos, desarrollar la asertividad, etc., todo ello desde una perspectiva de derechos humanos”.

Otro reto aquí es el de la saturación del Sistema de Salud Mental y la falta de personal sanitario especializado, lo cual, según el presente informe, se relaciona directamente con las dificultades para hacer frente a otros retos de gran importancia, “como son los de acabar con la sobremedicación, la baja frecuencia de visitas y psicológicas y la falta de recursos económicos y materiales”.

Por otro lado, el documento advierte del grave impacto que tiene la violencia sobre la salud mental de niñas y los niños, condicionando su bienestar. Sin embargo, lamenta que el estigma continúe siendo una de las barreras invisibles fundamentales que enfrentan las personas con problemas de salud mental, una invisibilización que aumenta su intensidad aún más en el caso de los y las menores, cuyos “sufrimientos y dolencias psíquicas han sido tradicionalmente minimizados hasta el punto de convertirse en mitos como el de su natural resistencia y recuperación ‘espontáneas’, el de que ‘no recuerdan’ y ‘no comprenden’, o el de que ‘es difícil el diagnóstico de trauma y trastorno de estrés postraumático (TEPT) en estas edades’”

Intencionada o no, la violencia “ha de abordarse de manera integral, transversal e interdisciplinar en todas sus formas, haciendo especial hincapié en aquellos ámbitos en los que se producen mayores cuotas de invisibilización y, en consecuencia, de impunidad”.

El apartado finaliza con una amplia gama de recomendaciones en materia de prevención, de atención socio-sanitaria, de ocio inclusivo, de violencia y abuso, y de violencia de género en la infancia y la adolescencia, entre ellas, las siguientes:

• Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental a recibir atención en recursos especializados y por profesionales con formación específica en salud mental infanto-juvenil, impulsando el perfil de Psicología en este tipo de intervenciones, ya que se aprecia una carencia evidente.

• Proporcionar una intervención temprana a niños, niñas y adolescentes a través de programas psicológicos y sociales basados en la evidencia y otras intervenciones no farmacológicas fundamentadas en la comunidad, evitando la institucionalización y medicalización.

• Consolidar la especialidad de Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil, aumentar el número de plazas anuales convocadas de Psicólogo Interno Residente (PIR) y también el número de plazas anuales convocadas del MIR en la especialidad de Psiquiatría hasta la completa cobertura de las necesidades.

• Desarrollar el conocimiento y las habilidades de los equipos profesionales de salud generales y especializados para brindar servicios basados en la evidencia, servicios de atención social y de salud mental culturalmente apropiados y orientados a los derechos humanos, para niños, niñas y adolescentes, entre otros: introduciendo la salud mental en los planes de estudio de pregrado y posgrado; y a través de la formación y la tutoría en materia de salud.

• Crear recursos de ocio y tiempo libre ajustados a las necesidades y preferencias de niños, niñas y adolescentes, dada la importancia del abordaje de todas las esferas que afectan a su salud mental.

• Ofrecer apoyo social y psicológico para iniciar y transitar por el proceso de recuperación, siendo preciso aumentar la presencia de los perfiles profesionales de Trabajo Social y Psicología.

• Avanzar hacia un modelo de atención individualizada e integral, que adapte las respuestas a las necesidades de cada niña, niño o adolescente, contempladas desde un enfoque interseccional.

Fuente: freepik. Foto: freepik. Fecha: 02/08/24

• Impulsar medidas formativas específicas en materia de salud mental y violencia para el personal sanitario, educativo, jurídico, de los servicios sociales y de los medios de comunicación con el fin de erradicar el estigma, la discriminación y la violencia.

• Consensuar criterios diagnósticos en salud mental y guías de práctica clínica a fin de reducir la variabilidad clínica injustificada y mejorar la calidad de la atención.

• Desarrollar programas de seguimiento y acompañamiento individualizado para familias con niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental, que tienen asociados factores sociales de riesgo grave como es el encontrarse o haberse encontrado en un contexto de violencia.

• Desarrollar la cartera de servicios en el Sistema Nacional de Salud en los aspectos específicos de atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes que han vivido o viven en contextos de violencia.

• Establecer en el ámbito judicial un equipo de profesionales de apoyo especialistas en salud mental. Además de la preparación para la atención directa, es esencial que en las valoraciones psicológicas de los niños y las niñas se cuente con la intervención experta de profesionales de la Psicología en coordinación con otros ámbitos de conocimiento técnico (Trabajo Social, Medicina, Educación), de cuya valoración va a depender en gran medida la decisión que se adopte por parte del órgano judicial. La relevancia de esta intervención requiere una mayor especialización, regulación y definición de las competencias, derechos y obligaciones de los y las profesionales en el desempeño de sus funciones.

• Regular el derecho a la información y la asistencia legal de las niñas, niños y adolescentes durante los procesos jurídicos, formando a los y las profesionales que les atiendan para aprender a escucharlos con especial consideración a su salud mental.

• Aprobar e implementar políticas y normas de prevención y protección a los y las menores de la violencia en las aulas, así como políticas de prevención y promoción de la convivencia en el ámbito escolar, con especial incidencia en sus consecuencias sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

• Crear de campañas de concienciación y mecanismos adecuados para que las sociedades y las personas, a nivel individual, respalden a las y los estudiantes a la hora de denunciar actos de violencia, trabajando para cambiar la cultura dentro de las aulas y en las sociedades y comunidades.

• Revisar de manera continuada los protocolos institucionales sobre agresión sexual en la infancia, promoviendo la formación continuada de los equipos profesionales intervinientes a fin de garantizar una mejor detección y prevención.

• Proporcionar formación en violencia y recursos especializados a profesionales que realizan atención directa a mujeres con trastorno mental (discapacidad psicológica y social), especialmente cuando tienen menores a su cargo.

• Modificar los reglamentos de las casas de acogida para que ninguna víctima con discapacidad pueda ser rechazada por este motivo, como sucede en la actualidad. Concretamente, se trata de eliminar las barreras que impiden el acceso a los recursos destinados a las mujeres víctimas de la violencia de género, cuando concurra la condición de tener un problema de salud mental, especialmente cuando se tenga hijos e hijas menores a cargo.

• Capacitar y concienciar a los/as profesionales de la salud para garantizar la atención adecuada a la salud mental y otras necesidades de atención médica de las personas con orientación sexual o identidad de género diversas, con especial consideración a los y las profesionales especializados que habrán de atender a la población infanto-juvenil.

• Implementar en todas las escuelas medidas de concienciación y capacitación sobre diversidad sexual, tanto para el personal como para los y las estudiantes, creando así entornos educativos inclusivos que no toleren la discriminación o la intimidación homofóbica, bifóbica o transfóbica de ningún tipo.

• Brindar apoyo de confianza y autoestima a las niñas, niños y jóvenes LGBTI en riesgo, a fin de desarrollar habilidades clave para enfrentar circunstancias adversas y prevenir el desarrollo de problemas de salud mental a medida que crezcan, favoreciendo a su vez el apoyo familiar como factor clave, ofreciéndoles información, formación y recursos.

Derecho a la vida

La Confederación destaca aquí su manifiesto lanzado con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2023, en el que considera una responsabilidad colectiva el abordaje de este grave problema, e insta a llevar a cabo diversas acciones, tales como, reforzar la atención psicológica especializada y activar programas de prevención en los ámbitos educativo y laboral, que ayuden a reconducir el descontento por la vida en una fase temprana; sensibilizar y concienciar a la población en general, “para romper el silencio y crear un espacio de expresión que supere el sentimiento de culpa” o multiplicar las oportunidades para que la gente desarrolle un proyecto de vida satisfactorio, entre otras.

En la misma línea, partiendo de la premisa de que “informar bien sobre el suicidio reduce su incidencia”, subraya el rol esencial que tienen los y las profesionales de la comunicación.

A este respecto, SALUD MENTAL ESPAÑA junto con la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), piden a los medios que se informe con responsabilidad y siguiendo las normas del Código Deontológico, evitando malas prácticas como: recurrir al sensacionalismo; concretar el método y lugar para prevenir la imitación; glorificar a la persona que se ha suicidado; presentar la muerte por suicidio como algo normal, como una solución o modo de afrontar los problemas o como consecuencia de razones simplistas causa-efecto; usar imágenes de manera imprudente; utilizar estereotipos religiosos o culturales; exponer la conducta suicida como una respuesta comprensible ante los cambios sociales, culturales o la desvalorización; culpabilizar , etc.

En lugar de ello, exponen una serie de recomendaciones, entre ellas, referirse a la muerte por suicidio como un hecho, no como un logro; resaltar las alternativas al suicidio, ya sea mediante información genérica o mediante historias de personas, que ilustren cómo afrontar las circunstancias adversas, las ideas de suicidio, y cómo pedir ayuda; ofrecer información sobre recursos comunitarios y líneas de ayuda, así como sobre factores protectores, factores de riesgo y señales de alarma; usar fuentes auténticas y fiables para las estadísticas y ofrecer una información al respecto cuidadosa y correcta; tener especial cautela cuando se informe sobre suicidios de personas famosas; o trabajar estrechamente con las autoridades sanitarias y profesionales de salud mental en la presentación de los hechos.

Acceso a la Justicia

Las personas con problemas de salud mental enfrentan múltiples barreras en el acceso a la justicia (a saber, barreras de comunicación, de comprensión, procedimentales, de formación por parte de quienes deben atenderlas, etc.).

La Confederación lanza una advertencia relativa al impacto del estigma social asociado a los trastornos mentales sobre el trato recibido y la falta de empatía “debido, fundamentalmente, al desconocimiento de la discapacidad por razón de trastorno mental”, denunciando, a su vez, la falta de apoyo que reciben las personas con discapacidad psicológica y social en estos contextos, “lo que sin duda constituye una vulneración de su derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas”.

Ante esto, pone de manifiesto la necesidad de establecer un plan de acción con diversos ejes que actúen para eliminar las barreras que enfrenta este colectivo y favorecer su acceso a la justicia, en los diversos ámbitos de intervención y sea cual sea su posición en el proceso (testifical, víctima, persona investigada o detenida, denunciante o denunciada, demandada o demandante, etc.) con los apoyos que se requieran.

Salud

El documento destaca en este punto las conclusiones del informe “La situación de la salud mental en España”, publicado por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y Fundación Mutua Madrileña en 2023, según el cual un 74,7% de la población encuestada cree que, en los últimos años, se ha producido un empeoramiento de la salud mental de la sociedad. Esta percepción ha sido corroborada por profesionales de la salud mental, que apuntan al “componente social y económico de los malestares emocionales y refieren un aumento de la sintomatología en la población, que ha afectado también al propio personal sanitario”.

Los datos de este informe son cuanto menos preocupantes: un 18,9% de las personas de más de 18 años en España consume psicofármacos, de las cuales un 73% los consume a diario, siendo los ansiolíticos (61,9%) los más comunes, seguido de los antidepresivos (47,2%). En el 55,1% de los casos, es el/la médico/a de cabecera quien prescribe estos psicofármacos son prescritos, y en el 35,2% es el/la psiquiatra.

Sin embargo, un 40,3% de las personas diagnosticadas rebela haber recibido “poca o ninguna información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno”, un 46,3% afirma haber obtenido “poca o ninguna información suficiente acerca de los efectos secundarios de la medicación” y un 48,1% asegura haber recibido “poca o ninguna información sobre todos los tratamientos alternativos”. En el 30% de los casos, se vulneró “mucho o bastante su autonomía o poder de toma de decisión”, siendo ingresados/as de forma involuntaria en el 60,1% de las veces.

Sus autores concluyen subrayando la trascendencia de incrementar significativamente los recursos humanos en los servicios sanitarios públicos de salud mental (psicólogos/ as clínicos/as, psiquiatras y otros/as profesionales) para poder ofrecer una atención adecuada y respetuosa de los derechos humanos.

Se puede acceder al informe completo desde la página Web de SALUD MENTAL ESPAÑA o bien directamente aquí:

Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2023