La salud mental es un derecho humano, incluido en el derecho a la salud, y los Estados deben protegerlo y asegurar el acceso a servicios de atención de calidad cuando sea necesario. Sin embargo, las ratios de psicólogos en el Sistema Sanitario Público en España están muy por detrás de la media europea: tan solo 6 profesionales de psicología clínica por cada 100.000 habitantes. Abordar los problemas de salud mental requiere una Atención Primaria (AP) fuerte, pues es clave en la detección temprana y tratamiento de problemas de salud mental y en la prevención del suicidio.
Así lo afirma el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal), en su último informe sobre Derechos Humanos y discapacidad en España correspondiente al año 2023, un documento a través del cual analiza en profundidad los hechos más significativos en materia de DDHH, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-CDPD (Tratado que forma parte del ordenamiento jurídico español y, por tanto, es de obligado cumplimiento).
A lo largo de sus páginas, el CERMI -designado en 2011 por el Estado español como mecanismo independiente y de seguimiento de la aplicación de la Convención de la ONU de la Discapacidad-, realiza un completo análisis de las vulneraciones de los artículos de la CDPD en nuestro país, incluyendo, para ello, la descripción de casos reales y sentencias que testifican el cumplimiento o no de la legislación, y se incorporan una serie de propuestas de mejora, que incluyen los ámbitos en los que se debe avanzar.
Tal y como señala el Comité Español, mediante este informe, se evidencia la exclusión cotidiana que vive la discapacidad, dado que “la discriminación no es un concepto abstracto, sino que se concreta en vidas de mujeres, hombres, niñas y niños a los que se les niega derechos contemplados en las leyes españolas”.
A continuación, recogemos algunas de sus principales conclusiones, estructuradas en función de los artículos de la CDPD:
Artículo 6. Mujeres con discapacidad
Dada la situación de mayor vulnerabilidad y discriminación de las mujeres con discapacidad, la Convención contiene un artículo específico dedicado a las mujeres y niñas con discapacidad.
El CERMI recoge los datos de un estudio realizado por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid), para dar cuenta de las múltiples situaciones de desigualdad que experimentan las mujeres con discapacidad: el 73,3% de las mujeres con discapacidad residentes en la Comunidad han estado expuestas a situaciones de abuso y violencia en algún momento de su vida. El 54,5% ha sufrido abandono y abuso emocional (como forma de violencia psicológica), el 29,7% abandono físico, el 28,7 % violencia sexual y el 26,7 % violencia física. En algunos casos (11,9%) la violencia ha contribuido a la aparición de la discapacidad. El 98,2% afirma haberse sentido alguna vez ignorada y despreciada por su entorno familiar (padres, amigos de la familia, etc.), y escolar (compañeros/as, docentes), haciéndoles sentir “como que no las oían, no las veían, como si no existieran”.
En el contexto de las relaciones de pareja, un 62,4% han padecido violencia de género por su pareja o expareja, y el 38,8% han sufrido una violación en este contexto.
Dadas las cotas alarmantes que está alcanzando la magnitud de la violencia contra ellas, el CERMI reclama una respuesta institucional urgente. En este sentido, considera fundamental la puesta en marcha de campañas de prevención y concienciación que, “expresamente dirigidas a las mujeres con discapacidad, ayuden al colectivo a identificar y detectar las situaciones de violencia”.
La violencia tiene un impacto directo en la salud mental de las mujeres con discapacidad
De acuerdo con un informe publicado por la Fundación CERMI Mujeres, la violencia tiene un impacto directo en la salud mental de las mujeres con discapacidad. La principal consecuencia es la pérdida de autoestima (citada por el 40,3 % de mujeres con discapacidad frente al 16,4% de mujeres sin discapacidad), seguida de la ansiedad, la desesperación, la depresión, y los problemas de sueño o alimentación. El CERMI alerta de que el 24,5% de las mujeres con discapacidad admite haber tenido pensamientos de suicidio o se han autolesionado (frente al 6,4 % de mujeres sin discapacidad).
Ante esto, pone de relieve la trascendencia de ampliar la cobertura de los servicios de atención a la salud mental para mujeres con discapacidad, así como para cuidadoras, “tomando en especial consideración a las mujeres víctimas de violencia sin que queden fuera aquellas mujeres víctimas de violencias sexuales y las que se han visto sometidas a tratamientos terapéuticos no consentidos (esterilizaciones forzosas)”.
Por otro lado, según denuncia la Confederación ASPACE, el 84,74% de la violencia ejercida contra mujeres con parálisis cerebral son presuntos delitos de carácter sexual. En muchas ocasiones, los agresores sexuales conviven con ellas, y aprovechan los momentos de prestación de apoyo para perpetrar la agresión. A este respecto, CERMI habla de la invisibilización y falta de sensibilización con respecto a este tipo de violencia en mujeres con grandes necesidades de apoyo (cuya detección precoz se ve dificultada ante la falta de formación en discapacidad de los equipos profesionales implicados en la intervención), así como de la “falta de accesibilidad en los recursos de orientación jurídica, programas de atención psicológica y recursos de acogida que les dificulta aún más salir de la situación de violencia”.
Artículo 7. Niñas y niños con discapacidad
Ocho de cada diez alumnos con discapacidad afirman que el hecho de “ser diferentes” es un factor desencadenante para que los alumnos y alumnas con discapacidad sufran acoso escolar.
Artículo 9. Accesibilidad
La accesibilidad psicológica y social “continúa siendo la gran ignorada a la hora de diseñar medidas para la inclusión social”. El escaso o nulo conocimiento de las barreras que alza la carencia de este tipo de accesibilidad, unido a la falta de conciencia, “produce toda una serie de vulneraciones de derechos que afectan, principalmente, a las personas con problemas de salud mental”.
Estas barreras invisibles alzadas por el estigma generan conductas discriminatorias e impiden a las personas con problemas de salud mental ejercer sus derechos y ser incluidas en los procesos de toma de decisiones en igualdad de condiciones con las demás.
El Comité Español considera fundamental solventar las carencias actuales, siendo las principales: espacios de consulta sanitaria abiertos; cultura de trabajo del personal sanitario orientada a la no coerción; voluntad de rediseñar los espacios de hospitalización y la organización de profesionales y actividades, orientándolos hacia la acogida; actuaciones planificadas destinadas a lograr cambios individuales y estructurales que contribuyan a eliminar las barreras que dificultan o impiden el acceso y mantenimiento del empleo por personas con problemas de salud mental; promoción de medidas para facilitar el acceso de estas personas a todos los niveles educativos y a la justicia, etc.
Artículo 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Las personas con discapacidad se ven más afectadas ante una emergencia climática, teniendo, como consecuencia, “más probabilidades de fallecer”. Así alerta el CERMI sobre la vulnerabilidad e invisibilidad de las personas con discapacidad ante el cambio climático.
Según un informe de Human Rights Watch, el calor extremo provocado por el cambio climático y las respuestas gubernamentales inadecuadas, conllevaron “graves dificultades a las personas con discapacidad durante las olas de calor que se registraron en el año 2022 en España”. A este respecto, señala que las personas con discapacidad corren un elevado riesgo de sufrir daños por la exposición al calor extremo, incluido el riesgo de muerte y de malestar físico, social y de la salud mental, “especialmente, cuando tienen que hacer frente a temperaturas peligrosas por su cuenta”.
Concretamente, en relación con la salud mental, las personas con discapacidad manifiestan sentirse emocionalmente abrumadas durante las olas de calor, manifestando el impacto negativo que tienen en su salud mental las medidas de protección y la falta de iniciativas específicas. En este sentido, admiten experimentar depresión, resignación, ansiedad y perturbación, e incluso pensamientos suicidas.
Para reducir su vulnerabilidad, el CERMI insta a diseñar políticas climáticas de adaptación más accesibles y, principalmente, “dejar de subestimar su capacidad de participación social”.
Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
El informe rechaza tajantemente los ingresos involuntarios y la administración no consentida de tratamientos forzosos, que suelen sufrir las personas con discapacidad y, especialmente, aquellas que presentan algún problema de salud mental.
En esta misma línea, la Confederación Salud Mental España viene advirtiendo de que tales prácticas “suponen una violación de los Derechos Humanos” y “son contrarias a la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con Discapacidad”. Para la Confederación, parte del problema “radica en la falta de recursos”, por lo que es clave incrementar la dotación presupuestaria para salud mental, afirmando que “si contásemos con psicólogos entrenados en la desescalada, con tiempo suficiente para atenderlos, muchas retenciones mecánicas, medicaciones forzosas e ingresos se podrían evitar”. De igual modo, Fundación ONCE advierte de que las personas con discapacidad continúan estando “invisibilizadas, discriminadas y estigmatizadas, sobre todo aquellas con problemas de salud mental”.
Concretamente, el CERMI manifiesta su preocupación ante el uso de “prácticas extremadamente restrictivas” de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las Unidades de Hospitalización Breve (UHB) de Psiquiatría de algunos centros hospitalarios. Estas prácticas implican el ingreso involuntario, la separación forzosa de su familia, impidiendo tanto las visitas como el acompañamiento de sus padres u otras figuras afectivas.
Sin negar la necesidad de tomar tales medidas en determinados casos en los que dicha compañía pueda resultar perjudicial (por ej., en los casos de menores que viven en situación de violencia intrafamiliar, si la presencia de los padres puede precipitar algunas de las conductas problema o se observa alguna interacción que puede perjudicar al menor), lo habitual es que los y las menores de 12 años estén acompañados durante todo el periodo del ingreso. Sin embargo, algunos centros “no efectúan esa labor de análisis personalizado caso por caso, aplicándose las mencionadas medidas restrictivas”.
Es necesario promover la eliminación de automatismos en la atención a la salud mental que vulneren los Derechos Humanos
Ante esto, señala la necesidad de promover medidas orientadas a la reducción de la coerción desde un enfoque de derechos humanos, abriendo las puertas de las unidades, promoviendo, para ello, la formación del personal sanitario y recursos.
El CERMI destaca en este punto las conclusiones del Informe sobre tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental, realizado por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. El objetivo de este documento es promover la eliminación de automatismos en la atención a la salud mental que supongan una vulneración de derechos, fomentando cauces “para que las personas puedan decidir cómo quieren ser tratadas en un entorno sanitario, de atención y cuidados” conforme a la CDPD.
En este sentido, para abordar desde un punto de vista jurídico ‘la delicada cuestión’ de los tratamientos involuntarios y los internamientos en el ámbito psicológico y social, “es decir, en el ámbito de la salud mental”, son necesarios tres aspectos: (1) abordar la discapacidad psicológica y social desde un enfoque de derechos humanos; (2) el derecho a la atención integral en el marco de los DDHH; (3) la singularidad de la urgencia vital en el ámbito psicológico y social.
Es crucial también promover la toma de conciencia del estigma y la discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad psicológica y social, garantizando su participación en la sociedad como ciudadanas de pleno derecho.
Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
El desarrollo de la figura de la asistencia personal en salud mental constituye una asignatura pendiente aún hoy día. Para el CERMI, el problema es que “el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia SAAD es inaccesible para las personas con problemas de salud mental”. Esto se debe a que únicamente se evalúan las actividades básicas de la vida diaria (AVD) y no las actividades instrumentales (AIVD) y/o actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD), de modo que personas con problemas de salud mental con graves dependencias, quedan fuera del mismo. A modo de ejemplo, señala, “una persona con problemas de salud mental puede ser capaz de cocinar, pero puede tener problemas para comer diariamente en unos horarios establecidos, seguir una dieta mínimamente razonable, apagar el fuego a tiempo para que no se queme la comida, etc.”
En línea con el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, el informe apela a un cambio de paradigma de la desinstitucionalización, que implicaría: 1. La reducción de plazas en las instituciones con salidas a servicios médicos de la Seguridad Social; 2. La ampliación de la prestación de apoyo a las personas con discapacidad a través de servicios comunitarios, como la asistencia personal.
La figura de la asistencia personal en salud mental: una asignatura pendiente
Por lo tanto, es “una necesidad acuciante” desarrollar la normativa del SAAD, para que las personas con problemas de salud mental puedan tener acceso a la asistencia personal. Es esencial también concienciar a la sociedad de los beneficios del Servicio de Asistencia personal, contribuyendo así a la desestigmatización en salud mental.
En este punto, destaca la denuncia por parte de la Confederación Salud Mental España de las incongruencias existentes en el baremo de reconocimiento del grado de discapacidad. Así, las reformas implementadas en el baremo del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, perjudican los derechos de las personas con problemas de salud mental, incumpliendo su objetivo de lograr la inclusión y la participación plena en la sociedad de todas las personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus necesidades específicas dado el tipo de discapacidad que se tenga (física, mental, intelectual o sensorial).
Las personas con problemas de salud mental se ven perjudicadas aquí ante la falta de mecanismos orientados a prevenir las barreras que impiden el acceso a sus derechos, entre ellas, el estigma.
El CERMI muestra preocupación especial ante la ausencia de una especificación de la discapacidad mental o psicológica y social y que, cuando se menciona, se hace de forma insuficiente y limitada, como también se hace con los criterios específicos de evaluación en la infancia y la adolescencia, “en los que no se contempla ningún tipo de indicador que permita identificar y cubrir las necesidades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad psicológica y social”.
El informe destaca las graves consecuencias de no atender adecuadamente los problemas de salud mental infanto-juvenil
En el ámbito infanto-juvenil, advierte en su informe sobre el impacto significativo de los problemas de salud mental en el desarrollo emocional e intelectual de niños/as y adolescentes, así como en su aprendizaje escolar, adaptación social y en el descubrimiento de la vida.
Los problemas de esta índole “minan la imagen personal y la autoestima de los y las jóvenes, la estabilidad y economía de las familias y son una carga para toda la sociedad”, por lo que la promover la salud mental de los y las menores, prevenir, diagnosticar y tratar correctamente los problemas en este ámbito de la salud, es “no sólo un acto de justicia social sino una medida de ahorro y buena gestión económica”.
Sin embargo, esta norma no tiene en cuenta que la expresión psicopatológica y clínica de los problemas de salud mental infanto-juveniles requiere la prestación de una atención especializada con unas características propias. Ante esto, el CERMI recuerda las graves consecuencias de no atender estos problemas adecuadamente: “la ausencia de diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud mental de niños, niñas y adolescentes condiciona seriamente su futuro, disminuye sus oportunidades educativas, vocacionales y profesionales, y supone un coste muy alto para familias y una carga para la sociedad”.
Artículo 24. Educación
El documento se hace eco de la denuncia por parte de la Confederación Autismo España, relativa al acoso escolar y la violencia en las aulas que sufre el alumnado con TEA, siendo uno de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir este tipo de acoso (entre 2 y 4 veces más riesgo de ser víctimas de acoso escolar “por el hecho de tener una discapacidad y ser ‘diferente’”)
Dada la ineficacia de los protocolos de actuación de los centros educativos para hacer frente a este grave problema, es trascendental incorporar programas de prevención del acoso y promoción de la convivencia, y adaptar herramientas de autodetección a las necesidades de los/as estudiantes con TEA.
Artículo 25. Salud
“Una buena salud mental es fundamental para desarrollar un proyecto de vida y disfrutar de nuestros derechos humanos”. Bajo esta premisa, el CERMI aborda en este punto la importancia de la salud mental, cada vez más visible ante el incremento de las necesidades de esta índole desde la irrupción de la pandemia de la COVID-19, así como la falta de recursos para atenderlas, más evidente desde la aparición de la pandemia.
Según datos de la Confederación Salud Mental España, un 23% de la población adulta ha experimentado o experimenta problemas de salud mental, afectando, en mayor medida, a mujeres y jóvenes: el 50% de las mujeres universitarias presenta síntomas depresivos (vs el 39% de los hombres) y un 52% de ansiedad moderada o grave (36% en el caso de los hombres), de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad en colaboración con el Ministerio de Universidades. Por su parte, la Asociación Española de Pediatría alerta de que “tras la pandemia han aumentado un 47% los trastornos de salud mental y se han incrementado exponencialmente las conductas suicidas”.
Atendiendo a lo anterior, el Comité Español recuerda en su informe que “la salud mental es un derecho humano, incluido en el derecho a la salud, y los Estados deben protegerlo y asegurar el acceso a servicios de atención de calidad cuando sea necesario”. Sin embargo, lamenta que las ratios de psicólogos/as en el Sistema Sanitario Público en España se encuentran a día de hoy “muy por detrás de la media europea”: tan solo 6 profesionales de Psicología Clínica por cada 100.000 habitantes.
Abordar los problemas de salud mental requiere una Atención Primaria fuerte
El CERMI recuerda que abordar los problemas de salud mental requiere una Atención Primaria fuerte, al ser un contexto clave “en la detección temprana y tratamiento de problemas de salud mental y en la prevención del suicidio”. De hecho, más de 1 de cada 4 de los pacientes acude a ese primer nivel asistencial por problemas de salud mental, siendo los problemas de depresión y ansiedad, los más frecuentes y los que se tratan principalmente en este nivel.
Para poder dar respuesta eficaz a las necesidades actuales en salud mental, el Comité considera imprescindible reforzar urgentemente la Atención Primaria, pidiendo para ello, al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas “una evaluación exhaustiva, efectiva, transparente e independiente de la gestión sanitaria central y autonómica que permita extraer lecciones y mejorar las medidas para hacer frente a la pandemia y sentar las bases para enfrentar con eficacia futuras epidemias”.
En esta misma línea, considera clave reforzar la sanidad pública, especialmente, las plantillas de la atención primaria “hasta alcanzar las ratios de profesionales de países de la Unión Europea”, incrementando la inversión, tanto en recursos humanos como en infraestructuras y equipamiento, de cara a fortalecer este primer nivel asistencial para atender a todas las personas, incluidas las que presentan trastornos de salud mental.
Se puede acceder al informe completo desde la página Web del CERMI o bien directamente aquí: