En las últimas dos décadas ha aumentado paulatinamente la concienciación en torno la urgente necesidad de transformar las actitudes, acciones, enfoques y atención en salud mental. Un paso más en esta transformación, recomendado a nivel internacional, es la construcción de redes comunitarias de servicios interconectados, que se alejen de la atención de custodia en hospitales psiquiátricos y que cubran un amplio espectro de necesidades de atención y apoyo, tanto dentro como fuera del sector de la sanidad.

Así lo afirma la organización Mental Health Europe (MHE) en un informe publicado de forma conjunta con la London School of Economics and Political Science, fruto de un estudio realizado por ambas organizaciones con el fin de analizar la rentabilidad de invertir en servicios comunitarios en salud mental.

En este sentido, MHE, como miembro de un Grupo de Expertos Europeo centrados en la transición de la atención institucional a la comunitaria, ha venido abogando por cambiar el foco de la atención en salud mental de las instituciones a los servicios comunitarios, una obligación que, tal y como recuerda, “viene recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que articula los compromisos de los gobiernos de apoyar a las personas con discapacidad para que vivan de forma independiente donde y con quién elijan, así como para participar en sus comunidades en la medida que lo deseen”.

En comparación con la atención institucional, la evidencia disponible reconoce ampliamente que la atención en salud mental basada en la comunidad aumenta la accesibilidad, mejora los resultados, reduce el estigma y minimiza los riesgos de violaciones de derechos humanos.

Fuente: freepik. Autor: freepik. Fecha: 18/10/23

Es crucial que legisladores y responsables en la toma de decisiones puedan confiar en investigaciones basadas en la evidencia que muestren qué es efectivo, rentable y factible

Tal y como indica la Organización, si los DDHH son la razón principal para fortalecer nuestros sistemas de salud mental y brindar atención y apoyo a nivel comunitario, las consideraciones económicas también desempeñan un papel crucial: cada vez hay más evidencia en torno a los elevados costes que tiene la mala salud mental y los beneficios de invertir en políticas e intervenciones de salud mental eficaces, tanto para el individuo como para la sociedad.

A este respecto, en un mundo “donde los recursos son finitos”, los formuladores de políticas y los responsables de los presupuestos en diferentes sectores de la economía, deben decidir qué temas priorizar y cómo asignar mejor los recursos, de cara a mejorar los resultados sociales. Para lograrlo, MHE considera crucial que los legisladores y responsables en la toma de decisiones puedan confiar en investigaciones basadas en la evidencia, que muestren qué es efectivo, qué es rentable y qué es factible, en aras de garantizar que los recursos se asignen (y los servicios se presten) de manera adecuada y eficiente.

En este contexto, el estudio llevado a cabo por MHE y LSE, está dirigido principalmente a responsables políticos, ministerios y personal encargado de supervisar los fondos nacionales y de la UE. Además, puede ser relevante para todas aquellas personas interesadas en la rentabilidad de los sistemas de atención a la salud mental.

De acuerdo con la definición de servicios de salud mental comunitarios de la OMS, esta revisión ha considerado las múltiples formas de servicios de salud mental prestados por la comunidad: equipos comunitarios de salud mental, rehabilitación psicológica y social, gestión de casos y vías de atención integrada, apoyo de pares, así como intervenciones realizadas fuera del sistema de atención sanitaria, esenciales para el funcionamiento social y la recuperación (es decir, empleo y vivienda con apoyo).

Existe evidencia considerable de argumentos positivos a favor de invertir en intervenciones de salud mental basadas en la comunidad

Los resultados de esta revisión demuestran que existe evidencia considerable de argumentos positivos a favor de invertir en una amplia gama de intervenciones. El 60% de los estudios revisados indican la relación calidad-precio de diferentes intervenciones de salud mental basadas en la comunidad: equipos comunitarios de especialistas en salud mental, incluidos equipos de intervención temprana y de crisis, así como muchas terapias psicológicas, gestión activa de casos, vivienda y empleo apoyado.

Los argumentos económicos a favor de la desinstitucionalización son sólidos debido a la mejora de la calidad de vida que puede asociarse con la atención comunitaria. Además, las personas con experiencia vivida de problemas de salud mental reconocen que prefieren vivir en la comunidad.

Por otro lado, sólo el 10% de los estudios sugiere que las diferentes intervenciones comunitarias de salud mental no representan una buena relación calidad-precio.

Si bien la revisión no ha tenido limitaciones geográficas, el informe señala que la mayor parte del análisis económico se ha concentrado en sólo tres países: Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos. Por este motivo, los autores apelan “a la cautela en cuanto a la interpretación y la extrapolación” de sus resultados, aduciendo la importancia del contexto y las diferencias entre los países en cuanto a la estructura de sus sistemas sanitarios, afirmando que “las intervenciones que funcionan bien en un entorno, no necesariamente funcionan tan bien en otro«.

Por el contrario, se han encontrado muy pocos estudios económicos en Europa central y oriental, algo que, según señalan, implica que “en estos países todavía se necesita evidencia económica que respalde la desinstitucionalización”.

Es necesario fortalecer la evidencia en las intervenciones comunitarias en salud mental dirigidas a niños/as y adolescentes

Asimismo, se observa que sólo el 4% de los estudios están centrados en la salud mental de las personas mayores y sólo el 12% de las investigaciones identificadas analizan la rentabilidad de las intervenciones para niños, niñas y adolescentes. Esto es un área donde “es necesario fortalecer la base de evidencia, particularmente dada la alta proporción de problemas de salud mental que comienzan en la infancia y la adolescencia”.

Los hallazgos de este estudio -leídos en el contexto político más amplio- permiten presentar algunas recomendaciones de políticas, dirigidas a la Unión Europea y a los Estados europeos, quedando recogidas en este informe, entre ellas, las siguientes:

1) Financiar desde la UE más investigaciones para fortalecer la base de evidencia para invertir en servicios de salud mental comunitarios.

Aunque esta revisión se centra en los argumentos económicos para invertir en servicios comunitarios de salud mental, sería de gran utilidad centrarse en los enfoques preventivos y su relación calidad-precio, de cara a poder proporcionar evidencia actualizada sobre este tema a los responsables de políticas.

2) Garantizar que se detenga la financiación de las formas institucionales de atención y apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos de desinstitucionalización.

Los argumentos a favor de pasar de una atención de salud mental institucional a una comunitaria están bien establecidos. La UE puede desempeñar un papel fundamental, garantizando que no se utilicen fondos nacionales para financiar la atención institucional y proporcionando orientación a los Estados miembros sobre cómo implementar la desinstitucionalización y la transición hacia la atención comunitaria de la salud mental.

Para centrarse en la desinstitucionalización es clave comprender y reconocer qué es una institución

Para detener la financiación de cualquier forma institucional de atención, la autoridad que asigna los fondos debe comprender y reconocer qué es una institución, definida en este informe como un entorno de atención que muestra cualquiera de las siguientes características:

• Los y las residentes están aislados de la comunidad en general y/u obligados a vivir juntos.

• Los/as residentes no tienen suficiente control sobre sus vidas y sobre las decisiones que les afectan.

• Los requisitos de la propia organización tienden a prevalecer sobre las necesidades individuales de los/as residentes.

3) Fortalecer desde los Estados miembros la atención de salud mental mediante la construcción de una red integrada de servicios a nivel comunitario.

La necesidad de alejarse de las instituciones y brindar atención a nivel comunitario es una obligación de derechos humanos y todos los Estados que ratificaron la CDPD están obligados a implementar una desinstitucionalización. Si bien los argumentos en favor de la misma son sólidos, contar con datos de un grupo más numeroso de países “ayudaría a generalizar mejor la evidencia”.

Es necesario establecer mecanismos para mejorar la colaboración entre sectores, siguiendo un enfoque de salud mental en todas las políticas

Los análisis económicos muestran que los beneficios de invertir en salud mental van más allá de los sectores de la salud (al igual que los costes). Por ejemplo, hay evidencia sustancial sobre la rentabilidad de los programas de empleo con apoyo que muestran que estos tienen beneficios no solo para los sistemas sanitarios, sino que también ayudan a reducir la necesidad de beneficios sociales a través de una mayor participación laboral.

Las consideraciones económicas demuestran situaciones beneficiosas para todos los sectores involucrados y respaldan el llamamiento a una red comunitaria de servicios interconectados. En este sentido, es necesario establecer mecanismos para mejorar la colaboración, siguiendo un enfoque de “salud mental en todas las políticas”.

4) Intensificar el compromiso y la inversión en atención de salud mental

Los autores del informe lamentan que la salud mental “ha sido una de las áreas de la salud pública más ignoradas, recibiendo sólo una parte de la atención y los recursos que necesita y merece”

A este respecto, teniendo en cuenta la mayor concienciación social sobre el valor de la salud mental, en términos sociales y económicos, consideran importante equiparar este “mayor valor atribuido a la salud mental, con un mayor compromiso”. Esto supone incrementar las inversiones en salud mental, asegurando fondos y recursos humanos apropiados en todos los sectores de la salud y otros sectores para satisfacer las necesidades de salud mental, así como a través de un liderazgo comprometido, aplicando políticas y prácticas basadas en la evidencia.

Se puede acceder al estudio desde la página Web de MHE o bien directamente aquí:

The value for money of community based mental health services