El pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a través de la cual solicita una mayor inversión en profesionales sanitarios especializados en salud mental así como una mejora en la accesibilidad de la población a la atención psicológica profesional mediante su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Para fundamentar su propuesta, el grupo Ciudadanos recogía los últimos datos publicados sobre salud mental en España; datos como los de la reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde un 42% de los españoles manifestaba tener problemas de sueño y un 52% afirmaba sentirse “cansados o con pocas energías”, o los de Metroscopia, en los que un 40% de las personas de entre 18 y 34 años apuntaba a un empeoramiento de su estado de ánimo durante la pandemia y un 62% admitía haber acudido a algún profesional por motivos relacionados con su estado de ánimo, son sólo una muestra del impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la salud mental de los españoles (con cifras ya preocupantes antes de su irrupción) y cuyas consecuencias, según el grupo parlamentario, se han observado tanto en las urgencias pediátricas psiquiátricas (multiplicándose por dos), como en el incremento ingente de los casos de suicidio en nuestro país.

Una situación, cuyas expectativas de mejora se ven reducidas ante “el prospecto de la crisis pandémica y la falta de asistencia por parte de las instituciones estatales”, así como el “grave problema actual en materia de recursos”, que dificulta el poder hacerle frente. A este respecto, subrayaba la escasez de psicólogos clínicos en España por cada 100.000 habitantes (6 frente a los 18 de media en la Unión Europea) y la “irrisoria” inversión en formación de personal especializado, en comparación con otros países de nuestro entorno, cuyas consecuencias se traducen, a juicio de Ciudadanos, en “capacidades infradotadas y un abandono incompatible con la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Todo este contexto de “precariedad en la acción para el tratamiento de los problemas de salud mental” puede revertirse emprendiendo medidas inmediatas, por ello, presentaba su Proposición No de Ley, a través de la cual instaba al Gobierno a:

“1. Tomar las medidas necesarias para aumentar el número de psicólogos y de psiquiatras clínicos en España, estableciendo una ratio de población por cada profesional que no podrá superar los 5.000 habitantes, pudiéndose reducir esta cantidad en función de la tasa e indicadores de complejidad a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

2. Incrementar los recursos dedicados a la salud mental, especialmente a la formación de personal especializado y a incentivar la contratación de profesionales en centros educativos, centros de protección de menores, servicios de asistencia y protección frente a la violencia de género, centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros, de tal manera que se mejoren las capacidades del sistema para afrontar con garantías los retos derivados del incremento de problemas de salud mental.

3. Mejorar la accesibilidad de la población a la atención psicológica profesional mediante su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el establecimiento de mecanismos para reducir el coste de la atención psicológica privada a aquellos individuos que así lo necesiten en base a sus condiciones socioeconómicas.”

La propuesta fue presentada en la Comisión de Sanidad y Consumo por el portavoz de Sanidad del partido Ciudadanos en la Cámara Baja, Guillermo Díaz, quien concluyó su argumentación insistiendo en la necesidad de eliminar el estigma en salud mental y facilitar el acceso inmediato a la atención psicológica a aquellas personas que lo necesitan, recordando que, “con los impuestos de todos debemos cuidarnos todos, y que la ayuda psicológica no sea únicamente para quien pueda pagarla. Pocas inversiones merecen más la pena.

Durante el debate, los diferentes grupos parlamentarios coincidieron en señalar la importancia de la salud mental, y presentaron diversas modificaciones a la iniciativa, siendo finalmente sometida a votación con la incorporación de una enmienda transaccional presentada por los grupos Popular, Ciudadanos y Republicano, quedando aprobada con 17 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.

Se puede acceder a la Sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo desde la página del Congreso o bien directamente a través del siguiente enlace:

PNL sobre la inversión en profesionales sanitarios especializados en salud mental