Eduardo Montes: Me parece que esta situación deriva de la confianza mostrada hacia la CNEPC por parte del COP nacional en etapas anteriores, de que ésta resolvería adecuadamente el problema, y no se presionó lo suficiente para modificar los criterios que la misma tenía sobre la profesión. Visto lo visto, se debió haber forzado la salida de nuestro representante mucho antes y obligar a la Comisión a pactar los criterios, porque es vergonzoso que ninguno de los planteamientos del Colegio haya sido tenido en cuenta por la Comisión de valoración. Como primera respuesta, habría que abandonar la misma y denunciar públicamente lo que está sucediendo. Por otra parte, que yo sepa, no ha ocurrido esto con ninguna profesión cuya transformación jurídico-administrativa afecte negativamente a más del 60% de los solicitantes.

Alguien, además de la Ministra, debería asumir este desaguisado. La Ministra, porque su Gobierno no ha cumplido los compromisos realizados cuando estaban en la oposición, y nuestros representantes en la CNEPC por haber propuesto unos criterios de valoración tan lesivos para los psicólogos en ejercicio. Por ello, debería realizarse una denuncia pública del comportamiento de los miembros de la Comisión de la Especialidad, para que todos los compañeros sepan quién es verdaderamente su enemigo.

El COP de Castilla y León elaboró en su día un informe que justificaba de forma fehaciente porqué la Psicología, en su conjunto, debería ser considerada una Profesión Sanitaria que, junto con otros, no fue suficientemente utilizado. Dicho informe muestra, a nuestro entender, el camino que la CNEPC debería haber seguido.

En Castilla y León se ven afectados 481 colegiados, de los cuales, hasta el momento, han sido titulados menos de 20, lo que indica que es muy alto el porcentaje de informes de propuesta negativos total o parcialmente. Esta situación empieza a ser insostenible. Muchos compañeros y compañeras reclaman actuaciones al COPCyL, cuando, la verdad, es que este tema ha sido algo sobrevenido para los colegios autonómicos, por cuanto que el proceso se inició existiendo un único colegio nacional que era el único representante ante el Gobierno, y ahora se está gestionando desde veintitantos colegios autonómicos y provinciales.

E. M.: De manera muy grave. Existe un gran desánimo y falta de esperanza en el futuro, y una enorme desconfianza hacia las posibles soluciones. Los afectados, que son la mayoría, no entienden que tengan que ir, de forma individual, a un proceso contencioso-administrativo, cuando el problema afecta a la profesión en su conjunto. Los afectados no tienen ninguna confianza en que las alegaciones les resulten favorables. Demandan un acuerdo político.

Además, es grande la preocupación en los colegiados afectados de esta Comunidad Autónoma, porque los aplazamientos de exigencia del título de la especialidad para el ejercicio libre de la profesión, que se habían acordado con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, se han dilatando demasiado.

E.M.: Informaciones internas de los grupos de la propia Comisión, nos dicen que el trato es desigual. Que cuando los miembros de un grupo están formados mayoritariamente por representantes de los PIR (los demás luchamos veinticinco años para pudieran existir), la posiciones de éstos son mucho mas radicales en contra de aprobar expedientes. No obstante, en general, las órdenes son de utilizar una plantilla, sin hacer análisis cualitativos, ni siquiera de pararse a revisar los contenidos de la formación presentada en la mayoría de los expedientes. Además, la mayor parte de los miembros de la Comisión dejan mucho que desear en cuanto a su experiencia clínica demostrada.

Conocemos casos de profesionales de reconocido prestigio que han sido rechazados, lo que constituye un escándalo. Nos parece que la Comisión se está excediendo en su función y, de forma clara, ha invalidado la labor de la Comisión de Valoración creada por el COP.

E.M.: Pocas acciones podemos llevar a cabo, salvo pedir a nuestros colegiados que aleguen y que resistan. Les asesoramos diciendo que el Estatuto del COP de Castilla y León garantiza un ejercicio de la profesión sin limitaciones (artº 20 Funciones del Psicólogo) y que si alguien les amenaza o les presiona, deben denunciarlo y comunicarlo.

En todo caso, la falta de seguridad es muy grande. Queremos recordar que no sólo es frustrante que el trabajo de selección de expedientes no sirviera para nada. Por el bien de la profesión habrá que buscar alguna salida entre todos y plantearlo de forma conjunta, ya que sólo con unión se puede hacer más fuerza.