El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP), junto a otras cerca de veinte organizaciones de profesionales de la sanidad, sociedades científicas, pacientes y consumidores, entre las que se cuentan el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la Organización Médica Colegial o la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), solicitaron al Senado, el pasado miércoles 1 de diciembre, que se impida cualquier excepción que posibilite fumar en los lugares de hostelería, ocio y restauración en la reforma de la Ley Antitabaco. | |
En esa fecha, la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta debía debatir las enmiendas presentadas a la reforma de la Ley Antitabaco, que prohibirá fumar en casi todos los espacios públicos cerrados a partir del próximo 2 de enero, y que proponen, entre otras modificaciones, que la hostelería pueda instalar habitáculos cerrados sin servicio de restauración en sus locales con el fin de que fumen en ellos los clientes que lo deseen, así como fijar una moratoria en la aplicación de la ley hasta julio de 2011.
Roberto Secades, en representación del COP, junto con los representantes del resto de organizaciones, se reunió ese mismo día en el Senado con la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. En el transcurso del encuentro, éstos le trasladaron su deseo de que la reforma legislativa se apruebe con el máximo consenso parlamentario posible y le entregaron el manifiesto que han hecho público en el que se asegura que «no tiene justificación alguna» que se busquen fórmulas para seguir contaminando los espacios públicos cerrados por «razones económicas carentes de fundamento«, tal y como corrobora la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como que es «intolerable» que se puedan defender por intereses de oportunidad política. En este documento, los firmantes rechazan enérgicamente que «ambos intereses se antepongan a la obligación de preservar la salud de nuestros ciudadanos«, y recuerdan que el humo del tabaco mata cada año en España a 56.000 personas, de las cuales 3.000 mueren por respirar en contra de su voluntad el aire contaminado por el humo del tabaco. En el texto demandan a los legisladores, además, que eviten excepciones en la nueva norma que puedan ser utilizadas para incumplirla.
Desde el mismo momento en que fue propuesta, este Consejo ha apoyado, junto con el resto de colegios profesionales sanitarios, la ampliación de la actual Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, y ha participado en las iniciativas llevadas a cabo para promover la agilización de su tramitación y aprobación.
Como quiera que sea, y reconociendo plenamente los efectos positivos de la Ley 28/2005 y de la futura aprobación de sus ampliaciones, especialmente de la reducción de la publicidad del tabaco y de su consumo en ámbitos laborales y públicos, este Consejo quiere incidir, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, en que estas medidas deben reforzarse con otras complementarias. Muchas personas desean realmente dejar de fumar y, sin embargo, no logran librarse de esta adicción por si mismas, por lo que requieren de un apoyo adecuado para conseguirlo.
En consecuencia, como este Consejo ya señalaba en un comunicado hecho público en el 2008 (ver comunicado), resulta imprescindible «una decidida política de deshabituación que ayude a los fumadores a dejar este hábito si realmente se quiere reducir el consumo de tabaco en España«. Para ello, no puede olvidarse que se han de combinar acciones de atención primaria y especializada en el Sistema Nacional de Salud, en donde el tratamiento psicológico llevado a cabo por psicólogos expertos sea una pieza fundamental, tal y como lo reconocen las guías clínicas de referencia.