En noviembre de 2003, se produce el punto de inflexión que ha generado todos los problemas. Es entonces cuando entra en vigor la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). A pesar de las insistentes gestiones de la Organización Colegial para que se incluyera en ella a los licenciados en Psicología como profesionales sanitarios, no hubo éxito.

La LOPS establece cuáles son los titulados que pueden cuidar de la salud en España e incluye como profesiones sanitarias a las licenciaturas en Medicina, en Farmacia, en Odontología, en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y a las Diplomaturas en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en Podología, en Óptica y Optometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética, pero no incluye a la licenciatura en Psicología. Sólo se reconoce como profesionales sanitarios a los psicólogos con título oficial de especialista.

En el momento de aprobación de la LOPS, había unos 44.000 psicólogos colegiados en España, de los cuales sólo unos 3.000 tenían el título oficial de especialista. Por tanto, de un día para otro, la LOPS dejó fuera de la Ley a unos 41.000 profesionales, la mayoría de los cuales realizaba actividades sanitarias beneficiando con su labor a decenas de miles de ciudadanos. La LOPS supuso la expropiación de las competencias sanitarias a los psicólogos, hecho que no tiene parangón ni situación equivalente en ninguna profesión, y, a partir de su aprobación, se creó una situación de inseguridad jurídica para estos profesionales, que implicaba que las Administraciones y los Tribunales de Justicia podían impedirles realizar su trabajo por no ser sanitarios.

A pesar de esta evidente injusticia, el Gobierno, y algunos haciéndole coro, se dedicaron a decir que no había ningún problema y que los psicólogos no especialistas podían seguir ejerciendo su profesión. Gracias a las movilizaciones que realizamos los profesionales, académicos y estudiantes, que culminaron con la mayor manifestación de la Psicología en la historia de España, en diciembre de 2004, finalmente se consiguió que el Gobierno reconociera la existencia del problema y la necesidad de la correspondiente solución. Así, finalmente, se adoptaron medidas para tratar de que más profesionales obtuvieran el título de especialista, aprobándose el Real Decreto 654/2005, y se aprobó la Orden SCO/1741/2006 para permitir que los licenciados en Psicología, con ciertos requisitos de formación, pudiesen registrar su consulta como centro sanitario.

El problema es que el título de especialista lo han seguido obteniendo muy pocos profesionales, el número de plazas PIR sigue siendo reducidísimo y esa Orden ministerial para reconocer las consultas de psicólogos no especialistas como sanitarias era ilegal, ya que iba en contra de lo establecido en la LOPS, que es una norma de rango superior, tal y como avisó la Organización Colegial, por lo que finalmente fue anulada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2010.

Este grave problema fue empeorando con el tiempo, dificultando el desarrollo de la profesión y provocando que psicólogos y psicólogas perdieran su trabajo, por no ser considerados profesionales sanitarios. Primero, ocurrió a psicólogos no especialistas de centros directamente dependientes del Sistema Nacional de Salud y, después, comenzó a afectar a los profesionales de los centros sociosanitarios, como los de atención a drogodependientes. A esto se añadió la citada sentencia del Tribunal Supremo, que anuló que las consultas de Psicología pudieran ser registradas como centros sanitarios, lo que las imposibilitaba concertar con aseguradoras sanitarias privadas, perdiendo pacientes e ingresos económicos, así como dejándolas en una precaria situación de inseguridad jurídica, expuestas a denuncias. Por último, afectó a los psicólogos de los centros de reconocimiento de conductores, ya que, desde junio de 2010, algunas Comunidades Autónomas empezaron a exigirles ser especialistas clínicos. Por tanto, la situación se estaba volviendo insostenible, afectando negativamente a la prestación de los servicios psicológicos en nuestro país, ya que usuarios y pacientes estaban perdiendo profesionales que hasta el momento habían ejercido competentemente su trabajo, atentando gravemente contra los derechos de los psicólogos al imposibilitarles de facto el desarrollo de su profesión.

Para solucionar este problema, por fin, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista han promovido la inclusión de una disposición adicional dentro de la Ley de Economía Social, que fue aprobada por las Cortes Generales por todos los Grupos Parlamentarios y que, en breve, entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se puede acceder a su texto pulsando aquí.

Esta disposición adicional supone una solución provisional e implica varias cuestiones:

• Establece que quienes ostenten el título de licenciado en Psicología o alguno de los títulos de graduado en el ámbito de la Psicología adscritos a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, podrán ejercer actividades sanitarias, siempre que hayan superado los estudios de graduado/licenciado, siguiendo un itinerario curricular cualificado por su vinculación con el área docente de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, o con la Psicología Clínica y de la Salud, o bien hayan adquirido una formación complementaria de postgrado no inferior a 400 horas (o su equivalente en créditos europeos), de las que al menos 100, tendrán carácter práctico, vinculada a las áreas citadas.

• Los titulados en Psicología que cumplan los requisitos anteriormente citados podrán solicitar la inscripción de consultas o gabinetes de Psicología en el correspondiente registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Esta regulación supone el reconocimiento implícito de una nueva profesión sanitaria de psicólogo generalista, ya que los titulados que cumplan los requisitos citados pasan a tener reconocido que pueden realizar actividades sanitarias (conjunto de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar o mejorar la salud de las personas, según la definición del Real Decreto 1277/203) y pueden registrar consultas de Psicología como centros sanitarios.

La norma aprobada no aclara explícitamente cómo se puede verificar que se cumplen dichos requisitos de formación, pero éstos hacen referencia a los itinerarios de Psicología Clínica y de la Salud impartidos dentro de las licenciaturas, y a los numerosos estudios de postgrado de este ámbito. La mayoría de los licenciados en Psicología que trabajan en el campo sanitario cumplen uno u otro requisito y, evidentemente, se acreditan mediante las certificaciones académicas correspondientes. Además, en caso necesario, siempre está la posibilidad adicional de que las entidades académicas y profesionales (Facultades de Psicología y Colegios Oficiales de Psicólogos) puedan certificar que, en vista de la formación acreditada mediante los documentos pertinentes, se cumplen los requisitos exigidos.

En cuanto al ejercicio dentro del Sistema Nacional de Salud, o concertado con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes, seguirá siendo requisito estar en posesión de la especialidad. Esto plantea problemas para algunos psicólogos que trabajan en estos ámbitos sin tener todavía la especialidad reconocida. La solución a estos casos pasa por que se habiliten nuevas vías para obtenerla, tal y como se está planteando para médicos y farmacéuticos. La Organización Colegial sigue trabajando para que también se incluya en esta solución a los psicólogos que trabajan en el SNS sin título oficial de especialista reconocido.

Los representantes de la Psicología en España vienen defendiendo la necesidad de la creación de esta profesión sanitaria generalista de psicólogo, que podría tener como denominación «psicólogo sanitario», a la que se accedería tras cursar el Grado en Psicología y un máster oficial en Psicología Sanitaria. Este máster debería cubrir la formación teórica necesaria (hay que tener en cuenta que el Grado con respecto a la Licenciatura tiene un año menos) y, además, tener un alto contenido práctico, de tal manera que los titulados finalmente cumplieran los requisitos exigidos a nivel europeo en el Europsy. Además, se considera muy importante que el máster sirva para configurar una auténtica carrera profesional de los psicólogos, acompasando formación y competencias. En este sentido, se defiende que el máster debería ser el requisito previo exigido para cursar el PIR. En todo caso, con la creación de la nueva profesión se deberían establecer las normas transitorias que habiliten a los psicólogos ya titulados para el acceso a la nueva profesión de psicólogo sanitario generalista, manteniendo la habilitación que se acaba de realizar con la Ley aprobada.

El Gobierno viene poniendo algunas reticencias, referidas a la duración del máster y al hecho de que sea requisito de acceso a la especialidad, existiendo discrepancias en cuanto a cómo definir los criterios de acceso al máster, e incluso planteando la posibilidad de creación de grados sanitarios de Psicología que permitieran el acceso directo a la profesión, cosa que es inaceptable ya que realmente se imposibilitaría tener una adecuada formación para ejercer y cumplir los requisitos del Europsy.

Las conversaciones van a continuar en las próximas semanas, y deberían culminar antes de finalizar el verano, de tal manera que la Ley definitiva tuviera tiempo para ser aprobada antes de que finalice la legislatura y se convoquen nuevas elecciones generales en 2012.

Durante todos estos años, que han supuesto un profundo revulsivo en nuestra profesión y en los estudios universitarios españoles, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, muchas asociaciones de la Psicología, la Conferencia de Decanos de Facultades de Psicología y el Colectivo de Estudiantes de Psicología han venido trabajando conjuntamente para consolidar propuestas que regulen la formación y la actividad profesional de los profesionales de la Psicología. Las propuestas no han sido meras respuestas a los problemas que nos han ido surgiendo en nuestro país, sino que han respondido a un amplio y profundo debate en el seno de la Psicología española. Ese debate, que llevó a cambios tan importantes como el pase de los estudios universitarios de Psicología a Ciencias de la Salud, no ha atendido únicamente a consideraciones nacionales sino que también ha estado condicionado por los estándares de calidad en la formación y el ejercicio profesional de los psicólogos en los países más avanzados de nuestro entorno geográfico y cultural. Desde esa perspectiva, podemos decir que nuestras propuestas se fundamentan en un profundo conocimiento tanto de las necesidades de formación de los psicólogos, como de las mejores condiciones para el desarrollo de su actividad profesional. Estamos completamente seguros de que sólo los psicólogos bien formados, que puedan ejercer su profesión con exigencia y seguridad, serán útiles para la sociedad y para el desarrollo de la ciencia y la profesión de la Psicología. Esperemos que las autoridades de nuestro país así lo entiendan, cuando, dentro de unos días, enfrentemos la siguiente fase de negociación que nos lleve a la regulación definitiva de la actividad profesional de los psicólogos en el ámbito sanitario.