El pasado 23 de septiembre el Ministerio de Justicia anunció la inmediata puesta en marcha, desde el lunes 26 de septiembre, del primer Protocolo Médico-forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género. Este protocolo, instado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, contó para su elaboración con la participación de directores de institutos de medicina legal y las aportaciones del catedrático Enrique Echeburúa.
Durante el pasado mes de julio se había presentado un primer borrador, del que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España (COP) tuvo noticia por una nota de prensa emitida por el mismo Ministerio. Conocida así la iniciativa, el Consejo se puso a disposición del Ministerio para realizar aportaciones, ofrecimiento que, a la postre, resultó infructuoso.
El Protocolo pretende la valoración del riesgo de violencia grave de los denunciados por violencia de género en un plazo de 72 horas, atribuyendo dicha tarea a médicos forenses mediante un procedimiento de recogida de datos y la aplicación de la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R).
La ausencia de participación en el desarrollo del protocolo y la atribución de competencias de evaluación psicológica a los médicos forenses, han creado un gran malestar entre los profesionales de la psicología forense española. El mismo Sindicato Profesional de Médicos Forenses, en carta remitida a la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, se expresaba reconociendo que se pedía su participación: …en una labor que dada su especificidad nunca hemos realizado hasta el momento actual. |
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Desde el Consejo se están adoptando diversas iniciativas para participar en el perfeccionamiento del protocolo, como en la asunción por los profesionales de la psicología de las tareas de evaluación psicológica que les son propias.Se está, además, a la espera de la entrevista solicitada con la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia.