En el momento de escribir este editorial termina febrero y aún no han aparecido normas legales de gran importancia para la profesión, ni se ha alcanzado el consenso en asuntos que aún se debaten, pero que corre prisa que se resuelvan.

El máster en Psicología General Sanitaria parece estar en su recta final. La última noticia que tenemos es que hay un borrador que va al próximo Consejo de Universidades del 4 de marzo. Ese borrador, en su estado actual, aún puede y debe ser objeto de retoques, y creo firmemente que las autoridades ministeriales tendrían que revisarlo, si no quieren que la norma nazca ya con graves taras. El máster va a ser la puerta de entrada de los psicólogos al ámbito profesional sanitario. La demanda de plazas se presume alta, y, por consiguiente, el acceso no debería venir condicionado por trabas que impidan que un número significativo y suficiente de graduados puedan matricularse. La norma debería situar la formación práctica en el contexto de la realidad asistencial de la Psicología, y no exigir requisitos que parecen inspirados en otras profesiones. La normativa del acceso al máster también debería reconocer la capacidad profesional de los psicólogos que ya están ejerciendo la profesión, al amparo de la disposición transitoria de la Ley de Economía Social. A través de ese reconocimiento, se podrían aligerar las exigencias para la obtención del título de máster a los psicólogos que estén ejerciendo en centros con registro sanitario durante un período temporal mínimo, que se podría especificar. Hacer estos cambios no supone gasto, sino que aporta racionalidad y ayuda a aumentar la eficacia de la solución dibujada por la normativa que salió publicada en la Ley General de Salud Pública.

Mientras el campo del ejercicio en el ámbito sanitario empieza a enderezarse, las noticias para el campo educativo son también esperanzadoras. Pero aquí estamos aún en el inicio. El COP, la Conferencia de Decanos de las Facultades de Psicología y destacados académicos y profesionales, han estado desarrollando una intensa actividad destinada a sensibilizar al Gobierno y a los legisladores sobre la importancia de incluir a los psicólogos educativos en la escuela. Un hito en este trabajo ha sido la presentación, en la pasada legislatura, de una Proposición No de Ley promovida por el Grupo Popular, en la que se defendía la presencia de los psicólogos educativos en los colegios. Desde el impulso de esa Proposición No de Ley hasta ahora, no se ha avanzado mucho. La orientación educativa sigue viéndose como una función docente más, permitiendo que profesores ajenos a la Psicología o la Pedagogía, con un simple barniz de formación, obtenido en el máster de profesorado de secundaria, puedan desarrollar tan importante y especializada función. Además, la presencia de psicólogos educativos en equipos técnicos multiprofesionales tampoco ha mejorado, ni hay una clara apuesta por esa figura profesional. Hay algunos indicios de que algo va a cambiar. El Ministerio parece tener la intención, así se lo ha asegurado a esta organización colegial, de que la orientación educativa vuelva a estar cerrada a psicólogos, pedagogos y psicopedagogos. Esta rectificación supone enmendar un rumbo que estaba claramente equivocado. Felicitamos al Ministerio si finalmente se toma esta decisión y se plasma legislativamente. Pero no es suficiente.

El COP piensa que, en una situación parlamentaria diametralmente diferente a la existente cuando el Grupo Popular presentó y no logró que se aprobara su Proposición No de Ley, el Parlamento y el Gobierno deberían dar los pasos necesarios para hacer realidad lo que allí se propugnaba. En concreto la PNL decía que el Gobierno debía adoptar “las medidas necesarias para regular que el psicólogo educativo, de formación graduado o licenciado en Psicología y máster en Psicología de la Educación, esté integrado en la organización del centro, apoyando la acción tutorial, y desempeñando las siguientes funciones: a) Evaluación diagnóstica en contextos educativos, b) El asesoramiento psicológico a alumnos, padres, profesores y autoridades académicas, c) Intervención de tipo correctivo, preventivo y optimizador, y d) La coordinación sistemática con otros profesionales y la adecuada derivación y tiempo y forma”. Como se recogía en su preámbulo, el contenido de esta proposición se derivaba del “Acuerdo sobre la inserción del psicólogo educativo en el sistema de educación español no universitario”, que fue firmado entre otros grupos, por asociaciones de padres, la Conferencia de Decanos de las Facultades de Psicología y el Consejo General de la Psicología. Todas las razones que impulsaron esta PNL se mantienen vigentes. El alto índice de fracaso escolar, la necesidad de que existan profesionales cualificados que apoyen los esfuerzos de la comunidad educativa por hacer frente a una sociedad más compleja y plural, y la exigencia de una educación que tenga más calidad, son razones más que suficientes para facilitar la entrada de los psicólogos en las escuelas. Así lo pensaba en 2011 el Partido Popular, así piensan otros grupos parlamentarios, asociaciones de padres, profesores, y directivos de centros, y las organizaciones más representativas de la Psicología española. Creo que toca al Gobierno y a nuestros parlamentarios dar los pasos para cambiar las cosas. Sabemos que los protagonistas en la educación son los profesores, alumnos y padres. Los psicólogos podemos ser una herramienta de ayuda valiosa. Queremos ayudar, esperemos que nos dejen.