Desde hace unos años diversos países, concienciados de la importancia estratégica de dar respuesta al constante incremento de los trastornos mentales entre la población, están implantando sustanciales reformas sanitarias que priorizan la prevención y la intervención temprana en salud mental, mediante la incorporación de intervenciones psicológicas en los servicios de Atención Primaria (AP).

Estos modelos de atención no sólo apuestan por situar a la salud mental en primera línea de acción (habitualmente relegada a un segundo o tercer plano), sino que, además, defienden la terapia psicológica como el tratamiento de elección, por delante de la prescripción de fármacos, para el abordaje de trastornos mentales comunes. Este compromiso con el uso de los tratamientos psicológicos está apoyado en la amplia evidencia científica disponible, que ha corroborado, una y otra vez, que las terapias psicológicas son clínicamente eficaces, seguras (a diferencia de los fármacos no tienen efectos secundarios adversos) y presentan una mejor relación costes-beneficios (APA, 2012; LSE, 2006). Poseen, además, otras ventajas, como el mantenimiento de los cambios terapéuticos a largo plazo, la disminución del riesgo de recaídas o unas tasas de recuperación clínica superiores (esto es, al contrario que los psicofármacos, no dejan ninguna sintomatología residual una vez finalizado el tratamiento) (APA, 2012; NICE, 2009; NICE, 2011a). Las intervenciones psicológicas posibilitan también el aprendizaje de estrategias de afrontamiento para hacer frente a situaciones adversas futuras, así como el entrenamiento en habilidades para alcanzar un adecuado funcionamiento en el ámbito social y laboral, por lo que su radio de acción transciende a la mejora de la sintomatología clínica del paciente (APA, 2012).

Numerosos organismos de referencia a escala internacional -como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE) o la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH)- han subrayado las ventajas económicas y psicosociales de la prestación de terapias psicológicas en los servicios de AP (OMS y Wonca, 2008; OMS, 2011; WFMH, 2009; NICE, 2011b). La Comisión Europea también ha señalado la necesidad de integrar el cuidado de la salud mental y de la salud física en este nivel de atención, apostando por la mejora del acceso a los tratamientos psicológicos para los problemas de depresión, cada vez más prevalentes en el contexto actual de crisis económica (Wahlbeck, 2009).

La implementación de terapias psicológicas en AP se ha mostrado como una vía eficaz y rentable para el abordaje de una amplia gama de problemas: trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de pánico, trastorno por estrés post-traumático y fobia social), trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, somatizaciones o problemas de salud física crónicos (cáncer, diabetes, hipertensión, dolor, etc.) (NICE, 2011b). Tal  y como ha afirmado la organización colegial de psiquiatras del Reino Unido (The Royal College of Psychiatrists), “las terapias psicológicas en AP suponen un beneficio tangible, especialmente cuando el malestar emocional del paciente no llega a justificar una derivación a los servicios especializados, o se manifiesta a través de síntomas físicos sin causa aparente” (RCP, 2008).

La escasa formación en materia de salud mental del personal que trabaja en el primer nivel asistencial, la falta de concienciación sobre la importancia de atender a la salud psicológica, o las dificultades para detectar problemas de salud mental, son sólo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los servicios de AP habitualmente. Así, la integración de personal específicamente cualificado para la evaluación en salud mental y la aplicación de técnicas psicológicas de alta calidad en este nivel supone importantes ventajas para la gestión del sistema sanitario, ya que permite la identificación precoz y la intervención temprana de estos problemas, reduciendo los tiempos de espera para recibir tratamiento, lo que a su vez evita la complicación de la sintomatología del paciente, con la consiguiente cronificación del problema, y reduce considerablemente el número de visitas al médico y los días de hospitalización, liberando a los médicos de familia de la indudable carga asistencial que suponen estos pacientes (entre el 33% y el 53% de las consultas de AP).

En lo que respecta a los propios usuarios de los servicios, la disponibilidad de tratamientos psicológicos en AP elimina las barreras a la atención en salud mental – en Europa, por ejemplo, sólo 1 de cada cuatro personas que padece un trastorno del estado de ánimo recibe tratamiento para este problema (Alonso y cols., 2004)-, ya que las personas se muestran más predispuestas a acudir a los servicios de AP para solicitar ayuda para su problema de salud mental que a los servicios especializados. El modelo de atención psicológica garantiza, además, un mayor compromiso del paciente con el tratamiento, una recuperación más notable y más rápida, un mayor control del propio afectado sobre su problema de salud mental o su sintomatología física y una mejor calidad de vida, en contraposición con el modelo farmacológico habitual, donde el paciente juega un papel pasivo.

Todo ello redunda en el ahorro en términos de costes económicos y sociales, disminuyendo las tasas dediscapacidad, desempleoy de muertes prematuras de la población (Wahlbeck, 2009; LSE, 2006).

Se da la circunstancia, además, de que tanto los profesionales sanitarios como los pacientes reclaman mayor disponibilidad de tratamientos psicológicos (OCU, 2012), por lo que, teniendo en cuenta que son el tratamiento de elección según las principales guías de práctica clínica para estos problemas, no ofrecer esta modalidad de intervención supone una forma grave de discriminación (LSE, 2012).

Estos hechos han propiciado que países como Argentina, Noruega, Belice, Brasil, Chile, Reino Unido, Irán, Arabia, Sudáfrica, Uganda, Australia o, más recientemente, EE.UU., hayan iniciado cambios en sus modelos sanitarios para facilitar el acceso a las terapias psicológicas.

Entre estos países, y tal y como hemos venido informando en Infocop, el Reino Unido se ha convertido en un modelo ejemplar en adoptar esta estrategia de actuación, dada la escala a la que se está implementando y a los esfuerzos que se están realizando hacia la validación de los tratamientos psicológicos que se aplican, desde el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica (National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE). El Programa aplicado en este país, denominado Improving Access to Psychological Therapies (IATP), se inició en el año 2008 y ha supuesto la implementación de centros de AP (denominados Primary Care Trusts), en los que se presta atención psicológica -por parte de psicólogos que han sido formados específicamente en terapias avaladas por la evidencia científica- a todas las personas que acuden a este nivel asistencial aquejadas de problemas de ansiedad o depresión. Tras cuatro años desde su implantación, en los que se han incorporado más de 4.000 nuevos terapeutas, los resultados muestran que 680.000 personas se han beneficiado de las terapias psicológicas, con unos niveles de recuperación de entre el 45% y el 65%. Dado el éxito alcanzado y el grado de satisfacción de los usuarios, en los próximos años el programa tiene previsto incluir al menos 2.000 terapeutas más, así como ampliar la prestación de servicios psicológicos a otros colectivos de pacientes, como niños y adolescentes, personas con problemas crónicos de salud, trastornos mentales graves y trastornos de personalidad.

Tal y como han puesto de manifiesto los responsables del desarrollo del Programa IATP en el Reino Unido, en su Manual de Buenas Prácticas sobre la Contribución de Psicólogos en Ejercicio en la Mejora del Acceso a Tratamientos Psicológicos (NHS, 2007), la prestación de tratamientos psicológicos en los servicios de AP requiere de una serie de condiciones que garanticen su éxito. Entre estos requisitos destaca el garantizar que los tratamientos psicológicos que se ofrecen a los ciudadanos sean aquellos que están avalados por la evidencia científica, la puesta en marcha de protocolos estandarizados de actuación, con paquetes de tratamiento definidos en cuanto al número de sesiones, componentes, evaluación, etc., así como que la aplicación de las terapias psicológicas de alta calidad, la formación o la supervisión de casos se realice a cargo de los profesionales más capacitados, esto es, los psicólogos, ya que los estudios muestran que la eficacia de las intervenciones se ve reducida drásticamente si éstas son aplicadas por personal que no ha recibido la formación necesaria para tal fin.

En nuestro país, aunque más tardíamente y de manera aislada, están surgiendo por primera vez iniciativas en esta dirección. Algunos ejemplos han empezado a ponerse en marcha en los servicios de salud pública de la Región de Murcia (El servicio murciano de salud incorpora la atención psicológica en los servicios de Atención Primaria: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3758) o de la Comunidad de Madrid, -en este último caso, gracias al proyecto piloto PSICAP (Psicología en Atención Primaria), coordinado por la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología, Psicofundación y promovido por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid-. Precisamente para conocer más en detalle los resultados de esta experiencia desarrollada en España, Infocop dedica estos días al análisis del programa PSICAP. Para ello, Antonio Cano Vindel, director de este proyecto y catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, nos muestra, a través de los datos, las razones que justifican la integración de los servicios de salud mental en AP en nuestro país;