Muchos maltratadores presentan limitaciones psicológicas importantes en el control de los impulsos, en el abuso de alcohol, en su sistema de creencias en relación con la mujer, en las habilidades de comunicación y solución de problemas o en el control de los celos. En estos casos el tratamiento puede ser de utilidad para estas personas que, aun siendo responsables penalmente de sus actos, no cuentan con las habilidades necesarias para controlar la violencia y resolver los problemas de pareja en la vida cotidiana.

Estos tratamientos se justifican socialmente por la oportunidad que hay que dar a los agresores para cambiar su conducta, por la necesidad de protección a las víctimas actuales, muchas de las cuales siguen conviviendo con el agresor, y por la evitación de la extensión de la violencia a los hijos. Se trata así de interrumpir la cadena de transmisión intergeneracional. Asimismo, al ser la violencia una conducta sobreaprendida por los beneficios logrados (obtención de la sumisión de la mujer y sensación de poder), el hombre violento va a repetir estas conductas violentas con parejas futuras.

Los programas de tratamiento se aplican en marcos muy diversos (cárcel, comunidad o medidas alternativas a la prisión) y en formatos variados (grupal o individual). Los enfoques psicoeducativos y cognitivo-conductuales (o algunos programas psicoeducativos basados en un enfoque de género) son los más habituales, pero todavía no contamos con programas basados en la evidencia. En España se han aplicado estos programas, al menos, en el País Vasco, en Galicia, en Valencia, en Navarra, en Aragón, en Granada y en Cataluña. Los estándares internacionales de buenas prácticas incluyen una duración mínima del tratamiento de entre 15 y 30 sesiones, un seguimiento de 12 meses y  una combinación de tratamiento grupal e individual.

Los agresores domésticos deben cumplir con unos requisitos previos: reconocer la existencia del maltrato y asumir la responsabilidad de la violencia ejercida, así como la del daño producido a la mujer; mostrar una motivación mínima para el cambio; y aceptar los principios básicos del tratamiento, a nivel formal (asistencia a las sesiones y realización de las tareas) y de contenido (compromiso de interrupción total de la violencia). Asimismo deben firmar una hoja de consentimiento informado en la que se autoriza al terapeuta a vulnerar el secreto profesional en el caso de una situación de riesgo grave para la víctima.

El reproche penal y el estigma social del maltrato dificultan el reconocimiento del problema existente por parte del agresor, que tiende a adoptar mecanismos de negación, minimización o justificación. En general, los tratamientos obligatorios, sin una implicación adecuada del agresor, resultan muy limitados.

La decisión genuina de acudir a un programa terapéutico se adopta solo cuando se dan en el sujeto tres requisitos previos: reconocer que existe un problema; darse cuenta de que no lo puede resolver por sí solo; y valorar que el cambio va a mejorar el nivel de bienestar actual. El hombre violento va a estar realmente motivado cuando llega a percatarse de que los inconvenientes de seguir maltratando superan a las ventajas de hacerlo (estrategia de costes y beneficios). El terapeuta debe ayudar al agresor a lograr esa atribución correcta de la situación actual y a descubrirle las soluciones a su alcance, así como a desarrollar en él una motivación auténtica para el cambio de conducta.

La motivación inicial para el tratamiento suele ser débil e inestable. De hecho, los abandonos son muy frecuentes. Por ello, es imprescindible establecer una buena alianza terapéutica, persuadir al sujeto de las ventajas del cambio de comportamiento y ayudarle a desarrollar la empatía con la víctima por medio de diversos ejercicios (vídeos, relatos autobiográficos, testimonios) y técnicas de expresión de emociones. Otras estrategias, más orientadas a la motivación de mantenimiento, incluyen el establecimiento de un programa terapéutico breve y bien estructurado, con objetivos concretos, sin crear falsas expectativas y con un formato modular flexible, adaptado a las necesidades específicas de cada sujeto. La combinación de un tratamiento individual y grupal, y la posible implicación de exagresores tratados con éxito, junto con terapeutas profesionales bien formados, son estrategias adicionales.

En un estudio reciente con una muestra comunitaria de 196 maltratadores (Echeburúa et al., 2010) hubo 108 sujetos (55%) que  completaron el tratamiento y 88 (45%) que lo abandonaron prematuramente. Lo que diferenciaba a unos de otros es que los que no finalizaron el tratamiento estaban más frecuentemente en paro y presentaban más síntomas psicopatológicos (depresión, ansiedad o ira) y pensamientos machistas que los que lo concluyeron. Los abandonos eran mayores en las primeras sesiones, cuando la alianza terapéutica aún no era sólida y cuando no eran todavía perceptibles los resultados de la terapia. Sin embargo, las tasas de éxito del programa fueron buenas (52,63% en el seguimiento de los 12 meses) en los sujetos que completaron el programa.

En resumen, los tratamientos psicológicos de hombres violentos contra la pareja ofrecen unos resultados aceptables, especialmente cuando la intervención es precoz e intensiva y tiene un enfoque cognitivo-conductual. Si bien el nivel de rechazos y abandonos es todavía alto, se ha conseguido reducir las conductas de maltrato y evitar la reincidencia, así como lograr un mayor bienestar para el agresor y para la víctima. Los principales retos de futuro son la entrevista motivacional, la individualización de los programas o el desarrollo de técnicas activas de retención, pero requieren aún un mayor desarrollo.

El artículo completo puede encontrarse en la Revista Psichosocial Intervention :

Echeburúa, E. (2013). Adherencia al tratamiento en hombres maltratadores contra la pareja en un entorno comunitario: Realidad actual y retos de futuro. Psychosocial Intervention, vol. 22 (2), 87-93.