La violencia de género ha constituido, durante las últimas décadas en nuestro país, un problema social de primera línea que ha estimulado ingentes esfuerzos para su abordaje desde distintos frentes: la protección de las víctimas, la  prevención  del fenómeno en general, la coordinación de las instituciones y la reducción en cantidad e intensidad de la conducta delictiva de los agresores. Según un informe del Observatorio de Violencia doméstica y de género (Poder Judicial), entre los años 2005 y 2012 se interpusieron 735.730 denuncias por violencia de género. Se pone de manifiesto la magnitud del fenómeno cuando, de los datos anteriores, se deriva que cada día en nuestro país se denuncian más de 350 casos de malos tratos hacia la pareja.

En el ámbito de los condenados por un delito de violencia de género, uno de los caballos de batalla en la lucha preventiva y represiva del gobierno ha sido la elaboración de programas de tratamiento, con el objetivo último de erradicar la violencia contra las mujeres. Estas intervenciones persiguen la toma de conciencia de las personas condenadas por estos delitos para prevenir comportamientos similares en el futuro.

Para ello, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) ha realizado un intenso trabajo en el desarrollo de programas, científicamente avalados, para el tratamiento psicológico de los agresores, tanto en las prisiones como, recientemente, en el campo de las medidas alternativas a la prisión. En este último contexto comunitario, cabe destacar que actualmente en España, según datos del Ministerio del Interior, más de 5.000 penados por un delito de violencia de género, con una suspensión o sustitución de condena, se hallan realizando un programa de tratamiento.

En el contexto penitenciario, el “Programa de Tratamiento en Prisión para Agresores en el Ámbito Familiar” (VV.AA, Documento Penitenciario 2, 2005) lleva varios años siendo aplicado en las prisiones de toda España y los resultados de su evaluación han sido francamente positivos. Por otro lado, en el ámbito de las Medidas Penales Alternativas, se quiso recurrir a un programa de intervención similar debido al aumento de casos que se encontraban en suspensión de condena por un delito de violencia de género. Por este motivo, en el año 2010, se llevó a cabo la adaptación del programa de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar, con el fin de cubrir la nueva realidad del tercer grado y las medidas alternativas a la prisión. Fruto de la colaboración de las tres Subdirecciones Generales de Instituciones Penitenciarias, con la participación del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, surgió el nuevo programa titulado “Violencia de Género: Programa de Intervención con Agresores” (Ruiz et al., Documento Penitenciario 7, 2010).

La eficacia de dicho programa de intervención para agresores en la comunidad fue evaluada, posteriormente a su implementación, por el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, por encargo de Instituciones Penitenciarias. El objetivo de esta evaluación fue averiguar si gracias al programa de tratamiento los agresores reducían su riesgo de repetir una nueva agresión sobre su pareja. Para ello se comparó dos grupos de penados por un delito de violencia de género: 1) sujetos que recibieron el tratamiento psicológico (grupo experimental= 635 sujetos) y 2) sujetos en lista de espera para recibir el tratamiento (grupo control= 135 sujetos).

Los resultados de la evaluación de la eficacia del programa en la comunidad muestran que los agresores que han pasado por el tratamiento han experimentado un cambio terapéutico significativo en las distintas variables relacionadas con la violencia contra la pareja.

Específicamente, los individuos, tras su paso por el tratamiento, muestran diferencias significativas (entre puntuaciones pre y post tratamiento) en las siguientes áreas: manifiestan menos actitudes sexistas. menos celos. menos abuso emocional sobre la pareja. menos conflictos de pareja. una mayor calidad en la relación de pareja. una mejor asunción de la responsabilidad de los hechos delictivos cometidos. más empatía en general. menos impulsividad. menos hostilidad. menos ira y un mejor control y expresión de ésta.

Estos resultados fueron confirmados con la comparación entre el grupo de tratamiento y el grupo control donde volvió a constatarse que el tratamiento incide de forma positiva sobre:

• las actitudes sexistas de los usuarios
• su atribución de responsabilidad
• su impulsividad
• y, en menor medida, sobre sus conductas de abuso emocional sobre la pareja y la expresión y control de la ira de los sujetos.

Finalmente, para completar el análisis de la eficacia del tratamiento se revisó la reincidencia de los usuarios que habían finalizado la intervención, tomando como medida de reincidencia las nuevas denuncias por violencia de género en los 12 meses posteriores al tratamiento. La reincidencia de los agresores de género que finalizaron el programa fue del 4,6% de los casos analizados, una cifra que se encuentra en la línea de las cifras ofrecidas por otros estudios nacionales e internacionales que evalúan la eficacia del tratamiento con agresores de pareja.

El artículo completo puede encontrarse en la Revista Psychosocial Intervention:

Pérez, M; Giménez-Salinas, A. y De Juan, M. (2013). Evaluación de la eficacia del programa de tratamiento con agresores de pareja (PRIA) en la comunidad. Psychosocial Intervention, 22 (2), 105-114.