Mª Rosa Álvarez Prada
Ayer 25 de noviembre se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género, cuyo objetivo es concienciar a la sociedad de la importancia de este grave problema que sigue cobrándose la vida de muchas mujeres en nuestro país. Con motivo de este día, Mª Rosa Álvarez Prada, coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género del Consejo General de la Psicología y decana del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, ha escrito el siguiente artículo: El hecho de permanecer neutral en situaciones de injusticia significa escoger el lado del opresor. Lo dijo Desmond Tutu, pacifista surafricano conocido por su oposición al apartheid, una discriminación socialmente tolerada por el color de la piel. Con la complicidad de la sociedad, otra desigualdad en nuestro Estado acumula cerca de 800 asesinatos en los últimos 12 años, y todas estas víctimas tienen nombre de mujer. Tras un verano en el que el goteo de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, de crímenes estremecedores que por su frecuencia resultan casi anestesiantes (otra más), es nuestro deber parar, echar la vista atrás y recapacitar sobre si tiene sentido la lucha contra la violencia machista cuando tras años y años de compromiso y esfuerzo, de leyes y recursos, parece que remamos hacia la deriva.

La principal causa de muerte en Europa para mujeres de entre 14 y 45 años es la violencia de hombres contra mujeres. Con esta cifra de mujeres asesinadas, con el estupor que provoca pensar que en la última década 46 menores han muerto a manos de su padre por violencia de género, podríamos recurrir a la definición de terrorismo. Pero no lo es, porque este terrorismo no logra desestabilizar a los poderes del Estado ni a las instituciones, porque a pesar de su magnitud, afecta a un sector de la población que está en situación de desigualdad. Hemos normalizado que una chica tenga que pedirle a su amiga que la acompañe a recoger sus cosas a casa de su exnovio porque le tiene miedo, que hoy en día no se aguanta nada, que se aguanta demás… Que la culpa es de la víctima, en definitiva.

Siempre, en todos los casos de asesinato machista, todos los medios ponen el énfasis en el hecho de si había denuncia previa o no. En primer lugar, se vuelve a poner el foco de la responsabilidad en la víctima, por no denunciar, o en el sistema judicial, por no haber valorado correctamente el riesgo. Nos encontramos con situaciones tan paradójicas convocando concentraciones, en nombre de la neutralidad, para homenajear a una pareja perdida, equiparando víctimas y verdugo. ¿Se imaginan el delirio de un acto dedicado a las personas fallecidas en Charlie Hebdo y a sus asesinos? Pues este verano se convocaron sendos homenajes para las familias fallecidas (una mujer asesinada y su presunto agresor que se suicidó en prisión en el primer caso, y una mujer y sus dos hijos asesinados presuntamente por su padre, que también se suicidó, en el segundo), lutos colectivos que hacen que el reconocimiento social de las víctimas se diluya, y que insulta la memoria de las víctimas.

Al final, se extraen conclusiones perversas: por un lado, la mujer «se lo ha buscado«, bien por no denunciar o por no abandonar la relación; por el otro, los hombres que asesinan no están en sus cabales, buscando la justificación de los hechos y cayendo en mitos del amor romántico o de la enfermedad mental; y finalmente, la violencia machista es un tema privado, íntimo, descontextualizado de una sociedad que tolera y consiente una desigualdad, una discriminación entre ambos géneros. De hecho, en casos de asesinato por violencia de género, se percibe en los familiares de la víctima una mínima toma de conciencia con respecto a la situación de maltrato que podía estar viviendo la mujer. Eso nos conduce a constatar que no se están identificando los factores que tienen que ver con la valoración objetiva del riesgo y la peligrosidad. Es decir, el propio entorno de la mujer que sufre violencia por parte de su pareja utiliza las mismas estrategias que utiliza el maltratador: minimiza, justifica, niega, normaliza, responsabiliza a la mujer…

Una década de legislación

A finales de 2004 se aprobaba la Ley Orgánica para la Prevención de la Violencia de Género, un avance muy relevante en el que se recogía la importancia de un abordaje integral. Todas las campañas publicitarias, los mensajes políticos, la opinión pública… guardan la misma dirección: animar a la mujer víctima de violencia de género a la denuncia. Pero esta actitud no es más que ignorar las raíces de esta situación. Es decir, un hombre no se levanta un día con el ánimo de pegar una paliza a su pareja, ni se plantea asesinarla porque haya visto en televisión que otro lo haya hecho. Previamente hay todo un trabajo sutil de dominación y de episodios invisibles, que no son susceptibles de actuación de la Justicia: discusiones, humillaciones, tensiones, etc., que no requieren de la intervención penal, porque no tiene ese carácter «preventivo», sino que actúa sobre hechos consumados. De hecho, fue la mencionada Ley de 2004 la que convirtió un empujón en delito, antes considerado como falta.

Y a menudo, los casos de violencia que llegan a la Justicia (amenazas, agresiones físicas, etc.) se archivan porque no se puede hacer nada. Cuando una mujer aterrorizada asiste a un juicio en el que tiene derecho a no declarar contra su pareja y a negarse a un reconocimiento forense, la acusación pierde toda capacidad. En el caso de que la mujer siga adelante y consiga una orden de protección, es tan solo un papel que impide más bien nada al hombre que premeditadamente va a asesinar a su expareja ante la imposibilidad de seguir sometiéndola a su control. Poco importa una pena de un año por incumplir una orden de alejamiento cuando se está dispuesto a asumir veinticinco por asesinato o incluso a suicidarse.

Ella debería marcharse, ella debería denunciar, ella debería proteger a sus hijas o hijos: el foco en la responsabilidad en un caso de malos tratos está siempre en la mujer. Las y los menores son a menudo el canal para continuar ejerciendo el poder y el control sobre la mujer una vez que la relación ha terminado (se les impide hablar con la madre, se hacen comentarios vejatorios hacia ella, se les infunde miedo, se les chantajea emocionalmente…). A menudo, las niñas o niños se niegan a ir con su padre y manifiestan su miedo, pero a nivel judicial no se tiene en cuenta este aspecto y se les obliga a cumplir el régimen de visitas, propiciando que el niño o niña desconecte de su instinto de protección, situándolos en una posición de mayor riesgo. Cuando hablamos de que 46 niños y niñas fueron asesinados por su padre en los últimos diez años, y que la mitad sucedió en régimen de visitas o cuando estaban con el padre en caso de custodia compartida, no es un dato menor.

Dejar en manos de la Justicia la lucha contra la violencia de género es inútil y contraproducente para las propias víctimas. Por eso es importante esa lucha integral. Cuando la Justicia no puede actuar o no es suficiente, la actuación de las Administraciones Públicas tienen que escoger otros caminos: la prevención, a través de la educación; y la protección, a través de los servicios sociales. El hecho de que se siga recurriendo a la denuncia como el principal argumento para la lucha contra esta lacra demuestra que nuestras y nuestros políticos no entienden ni siquiera la teoría, como para ejecutar la práctica.

No entraremos en las manidas cifras de las estadísticas de la violencia de género. Hay cientos de artículos que demuestran cómo ha sido inútil: mientras campañas como las de tráfico muestran resultados positivos evidentes, es imposible establecer tendencias que recojan los efectos de las legislaciones puestas en marcha en violencia contra la mujer.

Legislaciones y programas que en cada Comunidad Autónoma son completamente diferentes y que implican un gran desequilibrio entre los recursos disponibles para una mujer según el territorio en el que viva, lo cual la sitúa en una situación de injusticia evidente. Siete de cada diez mujeres dicen que el apoyo psicológico le parece la herramienta más importante si estuviese en una situación de maltrato por parte de su pareja o ex pareja. En cambio, este no es un derecho garantizado en el conjunto del Estado (aunque así lo recoja la ley).

Si el compromiso que expresan nuestros responsables políticos es tal (sería cuestionable al constatar que la dotación presupuestaria para la prevención de la violencia machista ha bajado un 26% desde 2010) se debería apostar por ir a las raíces de dicha desigualdad, es decir, la prevención primaria. Podemos trabajar con el conjunto de la población nacida en nuestro país: la educación en las edades más tempranas, promoviendo valores como la igualdad, la justicia, el respeto, es la única salida real contra la violencia de género. No existe un planteamiento formativo serio, todo se diluye en la famosa transversalidad que no compromete a nada, no hay medios destinados a tratar la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres en el sistema educativo. Sin adjudicaciones horarias ni desarrollos curriculares no es más que papel mojado. La figura de la psicóloga o del psicólogo educativo sería el medio ideal para desarrollar esta tarea en los centros escolares, trabajando aspectos como la educación afectivo-sexual, la igualdad, la gestión de las emociones. Solo educando en igualdad desde la infancia conseguiremos superar el machismo en la sociedad y los postulados patriarcales.

La concienciación de la opinión pública es un hecho, hasta el asesinato de Ana Orantes en 1997 hablábamos de crímenes pasionales, riñas matrimoniales, disputas domésticas… La prensa lo recogía como noticias de sucesos. En cambio, desde entonces se ha hecho un trabajo de creación de la opinión pública para comprender que la violencia de un hombre hacia su pareja o expareja no es una más, sino que está basada en el hecho de ser mujer, de vivir sometida y dominada por un hombre y a arrastrar un lastre histórico que sustenta dicha desigualdad. La responsabilidad de los medios de comunicación en este sentido es crucial. La educación y la prevención pasa también por la información que la ciudadanía recibe a través de los medios de comunicación de las noticias sobre violencia contra la mujer. Es elemental que los medios se conviertan en aliados: que denuncien, conciencien, condenen y sobre todo, que contextualicen adecuadamente estas prácticas, sin caer en frivolidades, en el morbo ni en las malas prácticas. De hecho, está comprobado que tras un asesinato recogido en los medios de comunicación, inmediatamente se produce un movimiento hacia la acción: mujeres en situación de maltrato buscan información para romper con la situación de violencia, denuncian, recurren a la atención psicológica…

Una década de legislación no puede ser inútil. Las Administraciones tienen que acudir a la raíz del problema y apostar decididamente y con todas las consecuencias por un abordaje integral. Comprender que un asesinato no es consecuencia de un impulso espontáneo, sino que viene precedido por un largo período de dominación, de control y de violencia física y verbal. Que la actuación de la Justicia por sí sola es inútil si no va acompañada de recursos como los servicios sociales y el apoyo psicológico. Que la prevención no son campañas cada 25 de noviembre, sino que parte de un trabajo por cambiar un lastre histórico y social de desigualdad entre hombres y mujeres. Que la concienciación de la ciudadanía para que no identifique la violencia de género como algo inevitable e íntimo de la pareja, sino como una enfermedad de la sociedad en la que todas y todos tenemos que aportar para erradicarla, pasa por el sistema educativo con una visión a largo plazo y no condicionada por campañas electorales. Luchar contra la violencia de género requiere de un compromiso real de los poderes públicos, que entiendan la teoría para que puedan tomar decisiones sensatas y útiles que erradiquen estas muertes evitables.