Un nuevo informe de la London School of Economics and Political Science (LSE) ha calificado de "discriminación escandalosa" la escasez de tratamientos psicológicos que se ofrecen a las personas con problemas de salud mental en el sistema sanitario público. 

Esta prestigiosa universidad de Reino Unido fue la misma que elaboró en el año 2006 el conocido informe The Depression Report, en el que se justificaba la necesidad de intervenir de la manera más eficaz, eficiente y efectiva sobre la elevada incidencia de trastornos mentales comunes, recomendando la intervención psicológica (por su mejor relación coste/beneficio) frente al tratamiento farmacológico. Gracias a este informe y a los esfuerzos realizados por un conjunto de asociaciones de pacientes y profesionales, el gobierno del Reino Unido inició un cambio pionero en la atención de las personas con problemas de ansiedad y depresión, incorporando tratamientos psicológicos basados en la evidencia en los servicios de Atención Primaria, en el marco del Programa Improving Access to Psychological Therapies (IATP).

El nuevo informe elaborado recientemente por la LSE, titulado How mental illness losses out in the NHS, (Sobre cómo la salud mental pierde posiciones en el SNS), advierte que los trastornos de salud mental comprenden cerca de la mitad de las causas de enfermedad de la población activa, siendo más incapacitantes que la mayoría de las enfermedades físicas crónicas. Sin embargo, tan sólo una de cada cuatro personas con trastorno mental llega a recibir cualquier tipo de tratamiento en el Reino Unido. En lo que respecta a los tratamientos psicológicos, el acceso a estos servicios es aún más limitado.

Los autores del informe, que integran un equipo de prestigiosos profesores de economía, psicología y psiquiatría, reclaman que a pesar de que el gobierno de Reino Unido ha invertido más de 400 millones de libras para promocionar el acceso a terapias psicológicas, los centros de salud adscritos a esta iniciativa no están destinando la totalidad de estas ayudas a este objetivo, y denuncian que los recortes que se están implementando han comenzado a realizarse, en primer lugar, en la prestación de ayudas al sector de la salud mental. La situación de desatención es aún más grave para el caso de los problemas de salud mental de niños y adolescentes, señala además el texto.

El documento, publicado el 18 de junio, vuelve a recordar la evidencia científica que pone de manifiesto la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en los casos de depresión o ansiedad frente al tratamiento farmacológico y señala la importancia de seguir invirtiendo esfuerzos para completar la implementación del programa IAPT en todo el país.

Específicamente, el informe concluye que:

  • La ausencia de tratamiento psicológico para las personas con problemas de salud mental es el caso más evidente de desigualdad en el sistema sanitario. No ofrecer este tipo de tratamientos, de acuerdo a su demanda, supone una forma grave de discriminación, dado que si bien existen tratamientos psicológicos eficaces, las personas afectadas no pueden acceder a este tipo de recursos por no estar suficientemente disponibles en la cartera de servicios del sistema nacional de salud.

  • Las terapias psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual, permiten un alivio rápido de los síntomas de depresión o ansiedad, en más del 40% de los casos. Posibilitar que estos programas psicológicos estén más disponibles, señala el texto, "le supondría un coste mínimo o nulo al sistema sanitario", dado que conllevaría un ahorro en términos de una reducción de las visitas al médico por parte de estos pacientes, así como en prestaciones por incapacidad.

Los expertos reclaman asimismo la importancia de que las fases de implementación del programa IATP se realicen según los tiempos previstos y que se extienda su disponibilidad a todos los grupos de afectados, ya que se estima que sólo se ha beneficiado de este programa un 15% de la población diana. Entre los colectivos a los que se debe ampliar esta prestación de manera urgente, el informe señala a los niños y a las personas con enfermedades físicas crónicas.

En nuestro país, los programas de intervención psicológica están aún más lejos de cubrir la demanda de la población. Tal y como manifestó el presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), José María Sánchez Monge, en una entrevista a Infocop, "es fundamental que el tratamiento psicológico deje de considerarse "un extra" en la atención a los problemas de salud mental y se convierta en un elemento más en la cartera de servicios y programas que se ofrecen tanto a los afectados como a sus familiares. En ese sentido, entendemos que la atención debe equiparar en importancia el tratamiento farmacológico y el psicológico".

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó este mismo año un informe solicitando un mayor acceso a los tratamientos psicológicos y más especialistas de salud mental en los centros de Atención Primaria de nuestro país, ya que "los antidepresivos y tranquilizantes se prescriben en demasiados ocasiones, a pesar de que el tratamiento de elección para la ansiedad y la depresión debe ser la psicoterapia". La OCU, al igual que la LSE, entiende que el coste de la generalización del tratamiento psicológico se vería ampliamente compensado con la reducción de las bajas laborales por ansiedad y depresión.

No obstante, y a pesar de la evidencia científica que avala el tratamiento psicológico en estos casos, el ahorro económico que supondría y la demanda realizada por pacientes, familiares y usuarios de los servicios de salud, los recortes económicos en sanidad, derivados de la actual situación de crisis económica, han ido en aumento y son más notorios en el sector de la salud mental, que sigue siendo la gran olvidada del sistema sanitario público.

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace:

How mental illness losses out in the NHS

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