A la opinión pública,

La organización colegial ha tenido conocimiento de que el Consell de Mallorca propuso al catedrático de Psicología Social de la Universidad de Oviedo, Jorge Fernández del Valle, como presidente de una comisión técnica para intentar diagnosticar las causas y encontrar soluciones a los problemas que presenta el sistema de tutela y acogida de menores en Baleares. Un sistema que parece tener problemas serios para impedir que se den casos tan graves como los que se han dado a conocer por la prensa, con menores tutelados obligados a ejercer la prostitución.

Como consecuencia de esta designación, responsables políticos del PP Balear, han vertido vituperios y opiniones malintencionadas en diversos medios de comunicación, que afectan de manera directa a este reconocido experto. Así, en radio y en prensa se han referido al profesor Jorge Fernández del Valle con el término “gurú”, han vertido insinuaciones sobre su integridad y competencia profesional sugiriendo influencias de amistad y políticas en su designación, y han valorado erróneamente que el sistema implantado en Mallorca para la evaluación de los centros de acogida, llamado SERAR, es un sistema de gestión y que, en consecuencia, era un sistema fracasado.

No creemos que el insulto y la descalificación ignorante sean tolerables en responsables políticos, sobre todo cuando abordan un tema tan delicado como la protección a la infancia. El profesor Jorge Fernández del Valle no es un gurú, sino un profesional y académico respetado tanto nacional como internacionalmente.  Es Catedrático de Universidad y ha trabajado durante diez años como profesional de centros de menores y otros 30 como investigador, con 75 proyectos dirigidos, 135 publicaciones nacionales e internacionales y 285 intervenciones en congresos. Dirige el único equipo de investigación especializado en centros de menores en España con trayectoria de décadas. Ha publicado los estándares de calidad de los centros de acogida en España para el Ministerio y ha participado como experto en la comisión del Senado sobre nuestra ley de protección infantil.

Resulta infame y ridículo decir que ha cobrado una cantidad de dinero para desarrollar y aplicar un sistema de evaluación que garantice estándares de calidad en los centros de acogida de Baleares por razón de una supuesta amistad o por afinidad con tal o cual partido, sin aclarar que ese sistema se desarrolló inicialmente en otra Comunidad Autónoma de otro signo político, en aquel entonces gobernada por el PP, y que dicho sistema se aplica en otras siete comunidades del estado español, gobernadas por organizaciones políticas diversas. Cabe decir además que el propio Senado, en un informe sobre la adopción nacional y otros temas afines realizado en el año 2010, recomienda en sus conclusiones implantar sistemas de evaluación como el SERAR, al que menciona explícitamente. Pero lo que resulta aún más absurdo, es que se atribuya al sistema de evaluación el problema de gestión del funcionamiento del servicio. La pregunta lógica, que deberían hacerse, es si el sistema de evaluación se aplicó, y en ese caso, qué resultados se obtuvieron.

Aunque la acción política esté amparada por la libertad de expresión, no puede entenderse el ejercicio de ese derecho como libertad para injuriar a ciudadanos que tienen además pocas posibilidades de defenderse frente a este tipo de ataques. Lamentamos y condenamos también, que la acción política en este ámbito no esté completamente orientada a la protección de los menores, salvaguardando la imagen y profesionalidad de los buenos profesionales e investigadores que dedican sus esfuerzos a esta tarea.