El COP traslada las necesidades de la profesión a los representantes de los partidos políticos

El pasado 15 de abril se celebró un acto con representantes de partidos políticos, organizado por Unión Profesional (UP). El encuentro tenía como finalidad conocer las propuestas que plantean los principales partidos con representación parlamentaria sobre los principales temas relacionados con los Colegios Profesionales en el marco de la campaña electoral de las elecciones generales que se celebran el 28 de abril.

El acto contó con la participación de Beatriz Corredor, secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE y ex-ministra de Vivienda, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias y candidata del PSOE por Madrid al Congreso de los Diputados, Rafael Catalá, secretario de Justicia y Administraciones Públicas y ex-ministro de Justicia por el Partido Popular e Ignacio Gomá, coordinador técnico jurídico en el Congreso de los Diputados y asesor de Ciudadanos. El partido de Unidas Podemos, aunque estaba invitado, no acudió al encuentro por razones de agenda. El encuentro fue presentado y dirigido por Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía y de UP, estando conformado el público asistente por representantes de las diferentes Organizaciones Colegiales de nuestro país.

El Consejo General de la Psicología participó en la elaboración de algunas de las preguntas que se formularon a los representantes, concretamente las que tenían que ver con las ventajas de garantizar la colegiación, el cumplimento del Pacto de Estado contra la violencia de género referido al incremento del personal de los equipos psicosociales de los juzgados y unidades de valoración integral forense, la mejora de la atención a la salud mental con el aumento del personal especializado y la incorporación de psicólogos en los Centros de Salud de Atención Primaria, así como la creación de más especialidades sanitarias.

Los representantes de los partidos políticos que acudieron a la cita ofrecieron valoraciones generales ante las cuestiones planteadas, sin definir compromisos concretos, en la mayoría de los casos.

En lo que respecta a la colegiación obligatoria, todos los representantes expresaron que los Colegios deben jugar un papel importante de protección de los consumidores y usuarios, y favorecer el desarrollo de sus respectivas profesiones, facilitando la interlocución con las autoridades, si bien los representantes de PSOE y Ciudadanos se mostraron más favorables que el representante del PP respecto a la conveniencia de garantizar la colegiación cuando se trata de profesiones reguladas, por las ventajas que supone para el control deontológico del ejercicio profesional.

Ignacio Gomá, en representación de Ciudadanos, expresó su apoyo al cumplimiento del Pacto sobre Violencia de Género, así como la necesidad de aumentar los medios materiales y humanos en el ámbito de la Justicia, incluidos los equipos psicosociales, junto con una mejor distribución del gasto. En relación con la creación de más especialidades sanitarias, señaló que aunque se está produciendo una mayor especialización en los diferentes ámbitos de conocimiento, esta especialización no debe impedir que los profesionales sigan adquiriendo un conocimiento general amplio.

Rafael Catalá, representante del PP, afirmó que se suele plantear que son necesarios más profesionales para mejorar los servicios públicos, pero en la medida en que esto puede suponer un aumento de los impuestos hay que encontrar un equilibrio entre los costes y los beneficios de este tipo de medidas. Según señaló en su intervención, se deben adoptar acciones para optimizar los servicios, reconociendo que se “puede hacer más y mejor” con los profesionales disponibles. Por otro lado, en lo que respecta a los equipos psicosociales de los juzgados para la atención de la violencia de género, Rafael Catalá consideró la necesidad de un refuerzo de los mismos, acordando un convenio con el Consejo General de la Psicología para este fin. Asimismo, el representante del PP valoró muy positivamente el sistema de formación sanitaria mediante el formato de residencia, y en relación con la creación de especialidades, señaló mostrarse a favor de este conocimiento específico, pero sin olvidar la necesidad de una formación general troncal de calidad.

En su discurso, Beatriz Corredor, representante del PSOE, aclaró que la aprobación del Pacto de Violencia de Género no se acompañó de los fondos necesarios para su correcto desarrollo durante la legislatura del PP, siendo una cuestión que ha sido subsanada por el Gobierno del PSOE. Asimismo, criticó los “retrocesos” en la lucha contra la Violencia de Género que se están produciendo en Andalucía a través de la solicitud de Vox de conocer los datos personales de los profesionales que realizan los informes psicológicos y de su petición de sustituir el término de violencia de género por el de violencia doméstica. En contraste, la representante del PSOE, recordó las medidas adoptadas por su partido para mejorar la atención en violencia de género, tales como permitir el acceso a los recursos de apoyo a todas las mujeres que se encuentren en esta situación, independientemente del establecimiento de una denuncia o no por parte de la mujer o la reciente aprobación de una oferta de empleo público. Asimismo, Beatriz Corredor apuntó la falta de personal suficiente en la Administración para dar una adecuada respuesta a las demandas de la población, señalando como prueba los recientes recortes de horarios establecidos en los centros de salud de la Comunidad de Madrid, motivados en parte por esta falta de personal. Finalmente, recalcó a los asistentes que el gasto público es imprescindible para garantizar la atención a la dependencia, a las mujeres o a la infancia.

Durante el turno final de preguntas, Manuel Berdullas, en representación del Consejo General de la Psicología, trasladó a los representantes políticos las graves consecuencias y perjuicios que supone que aún no se haya establecido adecuadamente la regulación del grado en Psicología, lo que impide la armonización en el territorio español de los contenidos mínimos para la formación de los futuros psicólogos y por consiguiente, la consolidación de la profesión. A este respecto, los representantes de los partidos se mostraron abiertos a una mejor regulación del grado en Psicología, si bien es un tema que, según establece la Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública, debería haber quedado resuelto en octubre de 2012, y los escasos avances producidos, tales como la Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, por la que se regulan las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudio del Grado en Psicología, han evidenciado serias deficiencias que han sido denunciadas por el Consejo General de la Psicología (más información aquí).