Los psicólogos clínicos reclaman su presencia en los centros de atención primaria

El pasado viernes 13 de noviembre, el Consejo General de la Psicología celebró la IV Jornada de Psicología Clínica en Atención Primaria (AP). Un encuentro al que asistieron más de 450 profesionales de este ámbito de la Psicología y de la AP para abordar la situación actual y definir estrategias futuras.

Durante el encuentro, se señaló que la ausencia de la figura del psicólogo en centros de atención primaria conlleva varios perjuicios para la sanidad pública y para los pacientes entre los que destaca la aplicación de tratamientos inadecuados o incluso la falta de tratamiento, pudiendo llevar a la cronificación de los pacientes, así como el sobrecoste económico para el sistema social y sanitario.

Los desórdenes emocionales suponen un gasto total para el Sistema Nacional de Salud (SNS) que se acerca a los 23.000 millones de euros (2,2% del PIB). Además, son la segunda causa de baja laboral en España. Por ello, los profesionales en Psicología reconocen como una necesidad, su presencia en los centros de atención primaria.

Los problemas psicológicos y emocionales se encuentran detrás de entre el 33% y el 53% de las consultas que reciben los médicos de familia españoles, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS­), la World Federation of Mental Health (WFMH)­ o el National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

A pesar de estas cifras, la figura del psicólogo clínico no está presente en la atención primaria (AP), lo que supone un grave perjuicio y sufrimiento no sólo para los pacientes y sus familias, sino una carga económica para el sistema socio-sanitario en términos de bajas laborales y costes económicos a consecuencia de la posible cronificación de los pacientes. Sólo para el Sistema Nacional de Salud esta realidad se traducía ya en 2010 un gasto total de 22.778 millones de euros (2,2% del PIB), según recoge el estudio Cost of Disorders of Brain in Spain.

Por ello, “consideramos una necesidad y un derecho del ciudadano, que la figura del psicólogo clínico esté presente en los centros de AP. No sólo se reducirían los costes derivados de la falta de tratamiento adecuado y de una posible cronificación, sino que se descongestionarían las consultas tanto del primer nivel de atención como del nivel de atención especializada” afirmó Francisco Santolaya, Presidente del Consejo General de la Psicología (COP). Declaraciones, que realizó durante la IV Jornada de Psicología Clínica en Atención Primaria (AP) celebrada este viernes y organizada por el Consejo General de la Psicología en colaboración con la Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS), Psicofundación y la Fundación Mutua Madrileña.

El objetivo primordial de este encuentro, fue poner en común experiencias y analizar la situación actual para poder perfilar estrategias de futuro que garanticen la mejora de la salud mental y el bienestar psicológico de los ciudadanos, señaló Santolaya.

Perjuicios: tratamientos inadecuados y cronificación de trastornos.

Los desórdenes emocionales, especialmente los trastornos de ansiedad y del estado del ánimo, son los más prevalentes en España. “Entre el 18,5% y 25% de los pacientes de AP   presenta algún trastorno de ansiedad y el 13,4%-35,8% un trastorno depresivo” afirmó Antonio Cano Vindel, psicólogo especialista en Psicología Clínica y catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Por su parte, Paloma Ruiz, médico-investigadora del Proyecto Psicología en Atención Primaria (PSICAP) aseguró que estos trastornos suponen la segunda causa de baja laboral y son el tercer grupo de enfermedades que genera más gasto al sistema sanitario público. Además, se estima que un 40% de la población española sufrirá a lo largo de su vida algún trastorno mental.

Los médicos de AP atienden a la mayor parte de la población con problemas de salud mental. Sin embargo, los psicólogos clínicos aseguran que la dotación de recursos no estáì orientada a ofrecer tratamientos psicológicos, lo que supone que los trastornos mentales comunes, para los que el tratamiento psicológico es considerado por organismos como el NICE, la terapia más adecuada, se traten casi exclusivamente con fármacos. Y es que, mientras que la media de psicólogos que trabaja con niños y adultos en Europa es de 18 por cada 100.000 habitantes, en España es de 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes. De estos, uno trabaja con niños y tres con adultos.

Hecho que constata la OMS en uno de sus estudios donde indica que cerca del 40% de las personas que sufren un trastorno mental acude inicialmente a los servicios de AP pero que, en cambio, más de la mitad no llega a recibir un tratamiento adecuado. En consecuencia, según Santolaya, se puede producir una cronificación de algunas patologías con el consecuente sufrimiento para la persona y sus familias y la subsecuente carga económica para los sistemas social y sanitario.

Estos son algunos de los perjuicios que, según el colectivo de psicólogos, comporta la ausencia de estos profesionales en los centros de AP. Por ello, proponen una alternativa en la organización de los servicios que facilite el acceso a los tratamientos psicológicos en el primer nivel asistencial. Apuntan que la fórmula sería ir Introduciendo progresivamente la atención psicológica en AP, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y en línea con lo que se viene realizando en el entorno europeo e internacional.

Desde el COP, aseguran que la implementación gradual de un plan nacional, como ya existe en el Reino Unido, Noruega, Estados Unidos o Australia, redundaría en un ahorro en términos de costes económicos y sociales dado que facilitaría la identificación precoz y la intervención temprana de trastornos mentales, reduciría los tiempos de espera para recibir tratamiento adecuado, evitando, a su vez, complicaciones en la sintomatología del paciente y la consiguiente cronificación. También se reduciría considerablemente el número de visitas al médico y los días de hospitalización, de bajas laborales e incluso los costes de incapacidades permanentes. Unas conclusiones que tras ser plasmadas en una hoja de ruta, se harán llegar a las instituciones correspondientes para reclamar que las incluyan en los planes de salud general.