Recientemente, el Congreso de los Diputados ha aprobado por una gran mayoría el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que, en su artículo 40 punto 2, dentro del Capítulo VII-Del ámbito de los servicios sociales, establece que: “2. Los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores de edad deberán estar constituidos, preferentemente, por profesionales de la Educación Social, de la Psicología y del Trabajo Social, y cuando sea necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia”.

Existen diferentes niveles de regulación de una profesión. El nivel más alto incluiría una ley específica con atribuciones profesionales, pero un primer paso muy importante es la inclusión de la profesión en textos legales de máximo rango, como las leyes orgánicas.

Lograr este objetivo no es tarea fácil, ya que el proceso para la redacción de una propuesta de ley y su posterior aprobación, es muy largo, y en él intervienen numerosos agentes, no todos ellos favorables a la regulación profesional.

La labor del Consejo General de la Psicología comenzó hace tres años, convocando a los Consejos de Educación Social y Trabajo Social para alcanzar una texto conjunto que pudiésemos proponer a las asociaciones de infancia y los partidos políticos. Posteriormente, y una vez alcanzado el consenso con las asociaciones, la propuesta -con algunas modificaciones- fue incluida en el anteproyecto de ley.

Es verdad que todavía queda la aprobación por el Senado, y también es cierto que el texto regula tan solo un ámbito específico de la Psicología de la Intervención Social, la intervención con menores víctimas, pero no es menos cierto que constituye un primer paso importante en un largo camino, que debe culminar con la aprobación de una Ley de profesiones sociales que incluya la Psicología de la Intervención Social en todos sus ámbitos. Solo así conseguiremos que la aceptación y la consideración que la labor del profesional de la intervención social tiene por parte de los usuarios, sea reconocida legalmente por las administraciones.

Una labor que si siempre ha sido necesaria, se torna imprescindible en un momento como el actual, en el que la crisis sanitaria y económica golpea a los colectivos más vulnerables.

La crisis actual exige redoblar los esfuerzos a un colectivo como el de los profesionales de la Psicología de la Intervención Social, ya maltratado por la precariedad laboral y las contrataciones externas concedidas por criterios exclusivamente económicos y que, a pesar de todas las dificultades, se preocupa por formarse en su ámbito específico y mejorar continuamente la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía.

Creemos que la Psicología de la Intervención Social, junto con las otras profesiones sociales, debe definir un nuevo modelo de servicios sociales. Un nuevo modelo alejado de la sobrecarga de gestiones administrativas del enfoque actual. Un modelo que recupere la esencia de lo que siempre ha sido la intervención social: un modelo centrado en la persona, comunitario, preventivo, proactivo, integral, basado en el trabajo en equipos multidisciplinares, coordinados con los otros ámbitos de la protección social pero no supeditados a ellos. Un nuevo modelo en el que los profesionales de la Psicología tengan un papel primordial.

Francisco Santolaya Ochando

Presidente del Consejo General de la Psicología

P.D.: no siempre se consigue todo. El Consejo defendió también una enmienda en el Proyecto de Ley para definir la figura de experto en la prueba preconstituida, sin éxito. Continuaremos defendiéndola en el trámite del Senado.