Dentro del proceso de negociación del II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental concertados -convenio SISCAT-, las patronales sanitarias han propuesto una reforma del sistema de clasificación de los y las profesionales sanitarios/as sujetos a este convenio.

Esta propuesta, en contraste con la situación actual, en la que todos los/las facultativos/as forman parte de una misma categoría profesional, implica una segregación en dos grupos diferenciados: médicos por un lado, y el resto de grados sanitarios superiores, incluida la Psicología, por otro.

De llevarse a cabo, afectaría a las psicólogas y psicólogos que prestan sus servicios dentro del SISCAT, lo que ha generado una gran preocupación en este colectivo, así como en el resto de profesiones sanitarias afectadas (farmacia, odontología, química, física y biología), por las consecuencias negativas que esta segregación podría tener sobre estos/as profesionales.

En los contactos mantenidos por nuestro Colegio con los representantes del resto de profesiones afectadas y con el sindicato Médicos de Cataluña, constatamos que la propuesta de la patronal genera numerosas dudas, no sólo en relación a su necesidad e idoneidad, sino también en cuanto a su conformidad a derecho. Así lo confirma el informe jurídico que Médicos de Cataluña ha encargado al Sr. Sixte Garganté, profesor de derecho del trabajo de la Universidad Pompeu Fabra.

Por todo, el COP Catalunya quiere manifestar lo siguiente:

Dado que no existe ninguna obligación legal para modificar el sistema de clasificación profesional, consideramos que la propuesta de la patronal es innecesaria, a menos que responda a intereses espurios. En cualquier caso, una modificación del actual sistema de clasificación profesional debería ser fruto de un acuerdo entre las partes negociadoras.

Asimismo, advertimos que tal propuesta es inapropiada y arbitraria y supondría una inaceptable precarización profesional y retributiva para los colectivos afectados, constituiría una vulneración de los derechos adquiridos por los profesionales e instauraría un precedente muy negativo en el ámbito sanitario.

Por tanto, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la propuesta planteada por la patronal y expresamos nuestra disposición y compromiso en defender con toda la firmeza los derechos de nuestros colegiados/as en relación a esta problemática.