Por todo lo anterior, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentaba su iniciativa, qué tras un intenso debate, quedó aprobada con una enmienda del Grupo Ciudadanos, con 19 votos a favor y 14 abstenciones, tal y como sigue:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas que permitan asegurar que se respeta el principio del Interés Superior del Niño en las instituciones y para ello:
1. Establecer tribunales especializados para la infancia o estructuras especializadas, así como un sistema de profesionales del sistema jurídico competentes en materia de Derechos de las niñas, niños y adolescentes y una Justicia adaptada a ellos. Los procedimientos judiciales.
3. Establecer garantías procesales para garantizar la participación de las niñas, niños y adolescentes, como la adaptación del entorno donde tienen lugar las audiencias.
4. Garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita, incluyendo la posibilidad de acceder fácil y gratuitamente a representación legal a toda persona menor de edad.
5. Reducir la duración del procedimiento.
6. Proporcionar a profesionales normas y directrices sobre el modo de tomar declaración a las niñas, niños y adolescentes.
7. Utilizar espacios adaptados a la infancia en las audiencias.
8. Asegurar que una única persona es responsable de preparar, informar y apoyar al niño, niña o adolescente antes, durante y después de los procedimientos judiciales.
9. Asegurar que las instituciones que atiendan y presente servicios a la infancia y adolescencia garanticen:
a) La accesibilidad, es decir, el fácil acceso económico, físico, emocional, cultural y social sin distinción ninguna.
b) La aceptabilidad. Además, todas las instalaciones, bienes y servicios deben respetar los valores culturales, las diferencias entre los géneros, la ética médica y ser aceptables tanto para las niñas, niños y adolescentes como para las comunidades en las que viven.
c) La especialización. La formación específica sobre Derechos y necesidades de las niñas, niños y adolescentes por parte de los profesionales en distintos ámbitos (educativo, sanitario, social, policial, judicial) y su reciclaje contínuo.
d) La calidad. Que el acceso a los servicios y bienes debe ser adecuado, contar con personal capacitado, tener una metodología adaptada a la población a atender y a sus necesidades y garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para beneficiarse de los servicios disponibles.
e) La disponibilidad. Asegurar que se dota de presupuesto suficiente para garantizar la disponibilidad de los recursos adaptados necesarios.
f) La participación. Es responsabilidad de las instituciones y organismos promover las medidas oportunas para que atender y escuchar a las niñas, niños y adolescentes y tener en cuenta su relato y sus opiniones en los asuntos que les afectan.
10. Revisar y actualizar el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, junto a las Comunidades Autónomas, Poder Judicial, Ministerio Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en base a las experiencias y deficiencias detectadas para agilizar los tiempos de atención a los menores víctimas de agresiones, introduciendo medidas que limiten la exposición de los menores, en riesgo de agresión o aquellos en los que exista certeza de agresión, al entorno perjudicial y reforzar los servicios sociales, para que puedan desempeñar de manera ágil y eficaz sus funciones en lo referente a la valoración del riesgo y la intervención en casos de maltrato infantil en el ámbito familiar.
Para acceder directamente a la Sesión de Debate de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, pincha el siguiente enlace:
