El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Committee on the Rights of the Child) ha publicado un informe a través del cual expone una serie de observaciones sobre los Derechos de la Infancia en España, fruto de su evaluación previa, el pasado mes de enero, sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño por parte de nuestro país. En su documento de observaciones finales, el Comité encomia la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, y acoge con satisfacción los progresos realizados por el Estado español en diversas esferas, tales como la creación de Comisión de Observatorios de Infancia (COINF) o la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección de niños y adolescentes, y en la que se ha incluido la obligación de evaluar el impacto en los niños y adolescentes de todos los proyectos legislativos, entre otras. | |
Asimismo, recoge en su informe las principales áreas de preocupación y recomendaciones para tomar medidas urgentes, en torno a diversos temas clave que afectan a la actual situación de niños y adolescentes españoles, algunas de las cuales resumimos a continuación: El Comité expresa su grave preocupación ante el insuficiente nivel de inversión en los niños para compensar los efectos negativos de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008, y que ha provocado un aumento de la pobreza y la exclusión social y la desigualdad. Especialmente preocupante es el impacto negativo de los recortes en la inversión pública en la aplicación de la Convención -fundamentalmente para los niños en situaciones desfavorecidas o marginadas, incluidos aquellos pertenecientes a familias de bajos ingresos-, principalmente en las esferas de la educación, la salud, la vivienda y la protección social, así como la ausencia de un análisis presupuestario coherente en el plano nacional y en diversas regiones o comunidades autónomas.
Ante esto, considera necesaria la implementación de sistemas y medidas de protección social apropiados para todos, e insta a España a promover en todas las comunidades una evaluación de las necesidades presupuestarias, y a fortalecer las políticas integrales de protección social para niños y sus familias, con un enfoque específico en niños y familias en riesgo y en la mayoría de las necesidades de apoyo.
El informe recomienda que el Estado Parte adopte las medidas necesarias para proteger y reforzar el control independiente de los derechos de la infancia, teniendo en cuenta el interés superior del niño en todos los procesos y decisiones legislativas, y restituya la figura de Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid (suprimida en 2012), reforzando a su vez la capacidad del Defensor del Pueblo para recibir, investigar y tratar las denuncias de los niños. A pesar de que el castigo corporal está prohibido en todos los entornos, el informe señala con inquietud la persistencia, en la actualidad, del castigo corporal, particularmente en el hogar. A este respecto, pide a España a continuar concienciando sobre la ilegalidad del castigo corporal y sus efectos negativos sobre el desarrollo del niño, promoviendo formas positivas, no violentas y participativas de crianza y disciplina del niño.
Lamentando aquí la falta de progresos en la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños, sugiere que se agilice la aprobación y aplicación de leyes que garanticen la protección integral de los niños contra la violencia, que se impulsen programas de sensibilización y educación (en los que participen los niños sobre su derecho a no ser objeto de violencia y sobre dónde buscar asistencia en casos de violencia, abuso o abandono), y se fomenten programas basados en la comunidad destinados a prevenir y combatir la violencia doméstica, el maltrato infantil y el abandono.
Un motivo de profunda preocupación para el Comité es la discriminación que aún existe en los niños por motivos de discapacidad, origen racial o étnico y condiciones socioeconómicas. Expresa además su inquietud por la persistencia, pese a los esfuerzos realizados por España, de la discriminación racial y la estigmatización de los niños de etnia gitana y los de origen inmigrante.
Por ello, insta a que se fortalezcan las medidas para prevenir y combatir la discriminación contra los niños en todos los sectores de la sociedad, y se garantice la plena aplicación de las leyes vigentes pertinentes que prohíben estas conductas. En esta línea, recomienda también que se promuevan las campañas de educación pública para combatir la estigmatización y la discriminación.
En relación con los derechos de los niños con discapacidad, el informe recomienda la aplicación plena de un enfoque de la discapacidad basado en los Derechos Humanos, que garantice la igualdad de acceso a la educación inclusiva de calidad, y que agilice el Segundo Plan Nacional de Accesibilidad y garantice su implementación para la inclusión de los niños con discapacidad.
En este proceso es esencial la formación permanente de todo el personal educativo implicado, garantizando la provisión de suficiente de apoyo individual y toda la atención necesaria a los niños con dificultades de aprendizaje. Asimismo, pide facilitar a los niños con discapacidades el acceso a la atención médica, incluidos los programas de detección temprana e intervención, y que se emprendan campañas de sensibilización dirigidas a funcionarios públicos, el público y las familias para combatir la estigmatización y los prejuicios contra estos niños, promoviendo una imagen positiva como titulares de derechos.
Afirmando que los psicólogos deberían están disponibles en todas las escuelas públicas, el Comité recomienda promover el desarrollo de una política de salud mental para niños y garantizar que el personal esté adecuadamente cualificado para ello. Asimismo, pone de relieve la importancia de reducir los tiempos de espera excesivamente largos en el acceso a los servicios de salud mental infanto-juveniles, incrementando su disponibilidad, y que se incluya la atención terapéutica y el apoyo a las familias después del alta de los niños en las clínicas.
Hace hincapié también en la necesidad de establecer un protocolo para el diagnóstico y tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y otros trastornos del comportamiento en niños, fomentando el desarrollo de alternativas sin medicamentos. A este respecto, insta a garantizar un diagnóstico exhaustivo y que la prescripción de psicofármacos y psicoestimulantes sea una medida de último recurso, y, únicamente, después de una evaluación individualizada en pro del interés superior del niño, proporcionando suficiente información tanto a los niños como a sus familias sobre el tratamiento médico, sus posibles efectos secundarios y otras alternativas no médicas.
Ante los datos de la Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016 -que advierten de un ligero aumento en la edad a la que los niños comienzan a abusar de sustancias-, y haciendo referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias, incluido el uso indebido de estupefacientes y el uso nocivo del alcohol, el Comité recomienda a España reforzar sus medidas para prevenir y abordar la incidencia del uso indebido de sustancias, especialmente tabaco, cannabis y alcohol, por parte de niños y adolescentes. La Educación es una de las grandes inquietudes del Comité, especialmente la posible disminución de la inversión general en esta área y la existencia de disparidades entre las comunidades autónomas. También le preocupa los resultados educativos y la alta tasa de abandono prematuro, recordando que, aproximadamente un quinto de todos los estudiantes de secundaria no obtienen el diploma de Educación Obligatoria, especialmente las niñas de etnia gitana, los niños inmigrantes y aquellos que viven en situación de pobreza.
En este punto, pide al Estado fomentar un diálogo nacional sobre las características básicas y estructurales del sistema educativo, y a proteger los recursos dedicados a la educación y la formación de los niños, ofreciendo programas de refuerzo, orientación y apoyo para prevenir el abandono escolar prematuro y garantizando el acceso a la educación obligatoria de calidad para todos los niños, incluida la cobertura de los costos indirectos relacionados con la educación obligatoria. Un grave problema que no puede dejar de mencionar es la incidencia de intimidación y acoso escolar, incluso sobre la base de la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, en las escuelas y en las redes sociales, y la implementación inadecuada de políticas y estrategias para abordar su ocurrencia. El informe subraya la trascendencia de establecer una estrategia para combatir la intimidación y el acoso, incluido el acoso cibernético (ciberbullying), que aborde la prevención, los mecanismos de detección temprana, el empoderamiento de niños y profesionales, y los protocolos de intervención. En este sentido, considera esencial eliminar los estereotipos de género relacionados con la educación, incluidos los libros de texto y los programas de estudio.
El Comité finaliza sus observaciones instando a España a que adopte todas las medidas adecuadas para garantizar que las recomendaciones que figuran en su informe se apliquen plenamente. El documento se encuentra disponible en inglés en la página Web de la ONU, o bien directamente a través del siguiente enlace: Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Spain |
