Aún se siguen vulnerando muchos Derechos Humanos de las personas con problemas de salud mental, según un informe

Los problemas de salud mental, por acción y efecto del estigma, continúan en la retaguardia de los avances conseguidos en materia de Derechos Humanos de las personas con discapacidad. En España, las carencias en la atención a las personas con problemas de salud mental son abrumadoras.

Así lo advierte la Confederación Salud Mental España en su nuevo informe sobre Derechos Humanos en Salud Mental, un documento a través del cual presenta una fotografía del estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicológica y social en España, poniendo el foco en algunas cuestiones especialmente destacadas durante el pasado año 2018.

Tal y como señalan los autores del informe, las personas con discapacidad psicológica y social (salud mental) forman un colectivo especialmente susceptible de sufrir situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad, debido, principalmente, a las barreras alzadas por los efectos del estigma.

Para reducir considerablemente “e incluso eliminar las dificultades y barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y muchos otros grupos para llevar una vida independiente y plena”, una posible solución expuesta en el informe sería la de modificar la forma en que organizamos nuestras sociedades, siguiendo un modelo biopsicosocial que integre los distintos niveles en los que se manifiesta la discapacidad (biológico, personal y social).

Sin embargo, uno de los problemas actuales que impediría alcanzar ese objetivo es la prevalencia del modelo biomédico, y su presencia en todas las políticas y normas que afectan a las personas con discapacidad. En este modelo, señala, “se asocia mayoritariamente la discapacidad a la obtención del correspondiente certificado, lo cual deja fuera aspectos psicológicos y sociales que afectan profundamente a la inclusión de la persona en la sociedad y a su derecho a la igualdad de oportunidades”.

En esta línea, recomienda, entre otras cosas, aprobar e implementar políticas y medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover e implantar un modelo biopsicosocial de la salud mental, adoptando un enfoque de género de manera transversal, y promover campañas para la eliminación del estigma social y la discriminación a las personas con discapacidad psicológica y social.

Según expresa el nuevo informe, en la actualidad, se pone de manifiesto un posicionamiento social desigual entre mujeres y hombres, y se visibiliza el supuesto ideológico que equipara las diferencias biológicas con la adscripción a determinados roles sociales, lo cual tiene un importante impacto en la salud mental.

De este modo, explica, el sexo determina desde el nacimiento toda una serie de expectativas, pautas de socialización y oportunidades desiguales (socialización diferencial) que, junto con la violencia de género, contribuyen a la perpetuación de desigualdades mucho más acentuadas si se tiene una discapacidad, más aún si esta viene asociada a un problema de salud mental, con lo que ello comporta en materia de estigma.

Concretamente, en relación con la violencia machista, si bien no se puede asociar la presencia de un problema de salud mental con este tipo de delito, sí se observa que aún persiste en nuestro país un grave problema de invisibilización de los efectos psicológicos de la violencia de género que, a su vez, afecta muy gravemente también a los hijos e hijas menores de las mujeres afectadas, a pesar de que la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los reconoce como víctimas también de dicha violencia.

En este sentido, la exposición a la violencia de género, además de engrosar las estadísticas de asesinatos de niñas y niños por su progenitor, compromete la salud mental temprana, al convertirse en testigos involuntarios, como evidencian diversos estudios, que ponen de relieve la existencia de alteraciones psicológicas en menores expuestos a violencia de género, advirtiendo un estrés crónico que, además, puede desencadenar o acelerar cualquier otro problema de salud mental mental (a saber: ansiedad, depresión, retraimiento, problemas somáticos, problemas sociales  problemas de atención, conducta disruptiva, conducta agresiva, etc.).

Igual de preocupantes son las conclusiones de un informe de 2010 sobre Violencia, del centro reina Sofía, cuyos datos indican que los niños y las niñas reproducen patrones, tanto para maltratar como para ser maltratados: “cuatro de cada diez maltratadores han sido maltratados de niños, y los niños que presencian (o incluso que sufren en primera persona) la violencia machista, también pueden aceptar como normal ese modo de comportarse”.

Ante esto, FEAFES manifiesta que no se puede continuar perpetuando el mito de que “los y las menores se recuperan espontáneamente”, “no recuerdan” o “no comprenden”, dado que esto dificulta el diagnóstico de trauma y del Trastorno de Estrés Postraumático en estas edades, al no adoptarse medidas preventivas y de atención suficientes y adecuadas. Asimismo, se reitera en que “es esencial hacer visibles a las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la violencia contra la mujer”.

De forma específica, en el caso de la violencia sexual, las mujeres con discapacidad psicológica y social no denuncian en muchos casos, por diversas razones: desconocer que la situación que sufren es delito o, aunque tengan ese conocimiento, no quieren denunciar por miedo a represalias, a perder vínculos afectivos o de provisión de cuidados, o por entender que no van a ser creídas, dado que el tipo de discapacidad que tienen está asociado a un nivel de estigmatización social muy intenso.

La Confederación alerta también en su informe del largo camino que queda por recorrer en España en cuanto a prevención y atención a la salud mental materna (a diferencia de otros países), y subraya las alarmantes carencias de recursos especializados: apoyo psicológico proporcionado por personal específicamente formado, programas de psiquiatría perinatal, unidades madre-bebé, protocolos de actuación y coordinación de equipos, etc.

Por ende, lamenta que en nuestro ordenamiento aún sigan vigentes disposiciones que permiten la práctica de una medida lesiva para la integridad personal, como es la esterilización forzosa, a pesar de estar proscrita por la normativa internacional de Derechos Humanos. A pesar de que los efectos físicos y psicológicos de esta práctica, al igual que la del aborto coercitivo, están suficientemente constatados, la esterilización forzosa continúa siendo legal en España acompañada de la correspondiente modificación de la capacidad de obrar de la persona.

Por otro lado, el informe recuerda la situación de vulnerabilidad del colectivo LGTBI a la discriminación y la violencia, especialmente si concurren las condiciones de ser menor, mujer o tener un problema de salud mental, y resalta la trascendencia de reforzar la atención para prevenir que se produzcan vulneraciones de sus Derechos Humanos.

A este respecto, señala, “los entornos social y cultural juegan un papel fundamental en materia de discriminación y abuso en varios contextos, constituyendo factores de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental”. De acuerdo con las investigaciones, el riesgo parece aumentar por la exposición a factores externos (sociales), mientras que la resiliencia puede derivarse de una combinación de un ambiente de apoyo, la aceptación de uno mismo y el apego a la comunidad LGBTI.

Centrándose en la infancia y la adolescencia, el documento pone de manifiesto los datos actuales sobre la prevalencia en España de problemas de salud mental en esta población (estimándose entre un 10% y un 20%, y más del 70% de todos los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años), para alertar de la mayor dificultad para acceder a los servicios de Psicología que a cualquier otra especialidad sanitaria en estos casos, lo cual “pone en riesgo la salud mental de los y las jóvenes”. Frente a esto, es de gran importancia trabajar en la prevención lo antes posible, para que los más jóvenes dispongan de pautas y herramientas que les permitan reconocer de forma temprana la aparición de los primeros signos de estos trastornos, y también para aprender a no estigmatizar a las personas por este motivo.

En lo que se refiere al acoso escolar, alerta de la mayor propensión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o pertenecientes a etnias o grupos minoritarios a sufrir violencia. Empero, FEAFES lamenta que en muchas escuelas la violencia persiste debido a que la falta de recursos impide formar a los profesores y elaborar currículos que la aborden.

Numerosos estudios alertan de los “efectos desvastadores” del bullying sobre la salud mental de las víctimas. Los expertos reafirman esta idea al advertir del incremento del riesgo de presentar a largo plazo “patologías como esquizofrenia, trastornos psicóticos o depresión, así como propensión al suicidio, como consecuencia del acoso por parte de compañeros de clase”. Además, las niñas, niños y adolescentes que tienen un problema de salud mental son también proclives a ser las víctimas del maltrato de sus compañeros y compañeras.

En línea con todo lo anterior, una de las críticas que hace la Confederación en el informe es el hecho de que España sigue sin regular la especialidad de salud mental infanto-juvenil, siendo, junto con Bulgaria, el único país de la Unión Europea que no ha regulado esta especialidad, “incumpliendo la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales e ignorando a la comunidad científica y a las familias”.

Atendiendo a lo expuesto, el documento establece una serie de recomendaciones, tales como la inversión en salud mental en la etapa infantil y adolescente como forma de invertir en el bienestar general de las personas y del conjunto de la sociedad, la creación de una unidad especializada con equipos de intervención integral para facilitar el despliegue psíquico del niño o la niña y la relación con su familia –“tratando de ir más allá de etiquetas diagnósticas y la medicalización para ver lo que los niños, niñas y adolescentes dicen con sus síntomas”-, o la garantía del derecho de los niños y niñas con problemas de salud mental a ser atendidos y a recibir esta atención de profesionales específicamente formados en salud mental infanto-juvenil, entre otras.

Se puede acceder al informe completo desde la página Web de FEAFES, o bien directamente a través del siguiente enlace:

Informe sobre Derechos Humanos en Salud mental 2018